El viernes se abre la investigación por la denuncia contra Obras Sanitarias

El viernes a las 12 en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia tendrá lugar la audiencia de formalización de la investigación de lo ocurrido en noviembre de 2014 cuando en una medida de fuerza sin notificación a la SCPL, la comunidad se quedó sin agua durante cinco días. La denuncia promovida por el fiscal de Estado, Miguel Montoya, comprende al titular del gremio, José Santiago, y a los secretarios gremial y adjunto, José Luis Ogas y Claudia Elizabeth Vidal.

Héctor Iturrioz es el fiscal del Ministerio Público interviniente en la querella presentada hace más de un año por la Fiscalía de Estado contra el Sindicato de Obras Sanitarias, en cuyo contexto se formalizará ahora la instancia de investigación que tendrá un plazo máximo de seis meses.
A partir de los resultados, podrían quedar procesados el titular del gremio, José Santiago, y los dirigentes Claudia Vidal y José Luis Ogas. Según el texto de la denuncia, en el marco de una medida de fuerza ordenada por Santiago, que no fue notificada en el plazo requerido a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), "las conductas llevadas al extremo en esta situación, en perjuicio del normal desempeño del acueducto, tienen como único fin acceder por estas vías ilegítimas a una serie de imposiciones que llaman 'de carácter gremial'".
El delito que se investigará es el de "Entorpecimiento de Provisión de Agua Potable", previsto en el artículo 194 del Código Penal.
La situación que lleva a Santiago nuevamente a Tribunales se produjo entre el 7 y el 11 de noviembre de 2014, cuando la SCPL anunció un corte de servicio por 24 horas debido a un desperfecto eléctrico que logró ser reparado sobre las 22 del mismo día en que se anunció el corte. Ya en condiciones de avanzar con el llenado del acueducto el personal del sector, se negó a realizar las tareas argumentando una retención de servicios dispuesta por la dirigencia del gremio. Además, informaron que "sólo permitirían el funcionamiento de una sola bomba de la Estación Cerro Dragón del denominado Acueducto Antiguo", según consta en la denuncia.
"Dicha actitud entorpeció primero, e impidió luego, la normalización de las operaciones de llenado del acueducto, generando así que los habitantes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly permanecieran privados del servicio de agua potable por espacio de unas 90 horas.
Es decir que el faltante del recurso que se produjera por los desperfectos técnicos ocurridos el 7 de noviembre, se extendió injustamente por la deliberada y maliciosa decisión de los imputados, perjudicando a la población que se vio impedida del acceso al agua los días 8, 9, 10 y 11 de ese mes", indica la denuncia.

MEDIDA ILEGITIMA
El escrito legal plantea además que la mentada "retención de servicios" había sido decidida unilateralmente por Santiago, Ogas y Vidal el mismo 7 de noviembre, mientras participaban de la octava reunión de trabajo en representación de la comisión directiva del gremio SITOS, órgano de gobierno del que son integrantes. La reunión se desarrollaba junto a directivos de la SCPL y funcionarios de la Secretaría de Trabajo de Chubut.
"La decisión fue tomada en franca violación al Estatuto del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias Región Sur que establece que las medidas de acción directa son de resorte exclusivo de la 'Asamblea' y que solo en caso 'Emergencias' puede adoptarlas la Comisión Directiva, la que se compone de Once (11) miembros. La referida medida de fuerza vulneró asimismo el artículo 24 de la Ley 25.877 que dispone que en caso de adopción de medidas legítimas de acción directa que puedan afectar servicios esenciales (distribución de agua potable) se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos, manda que ha sido desatendida", se plantea.
En ese contexto, se precisa además que el gremio tampoco garantizó la guardia mínima que posibilite siquiera sortear cualquier inconveniente de extrema necesidad que pudiera surgir, "todo ello por orden del propio José Santiago".
Se indica asimismo que la medida "fue decidida solo en miras a intereses privados, en pos de obtener respuesta favorable a reclamos de índole laboral y comunicada a sus dirigidos, quienes inducidos a error respecto de la legitimidad de ésta, la acataron con las consecuencias ya descriptas. Las conductas llevadas al extremo en esta situación, en perjuicio del normal desempeño del acueducto, tienen como único fin acceder por estas vías ilegitimas a una serie de imposiciones que llaman de carácter gremial".
Así, mientras en los próximos meses se establecerá si se sustancia la causa, hay que mencionar que originalmente eran dos las denuncias penales ya que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia también había radicado una, aunque fueron unificadas.
No obstante, la denuncia municipal no estaba dirigida al gremio sino a la SCPL, según explicó el propio intendente Néstor Di Pierro cuando confirmaba la acción: "nosotros no tenemos nada que ver con el sindicato de Obras Sanitarias ni con Luz y Fuerza; nosotros tenemos acuerdo con la cooperativa; osotros vamos a actuar sobre la cooperativa, no sobre los sindicatos porque no tenemos relación".

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