La audiencia fue presidida por el juez Jorge Novarino, mientras que la Fiscalía estuvo representada por el fiscal Herminio Gonzales Meneses. Los imputados, Sebastián Balochi y Rubén Alberto Camarda, fueron asistidos por el abogado de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzún, mientras que Daniel Miguenz fue asistido por el abogado particular Guillermo Klaur.
Los hechos que forman parte de la investigación ocurrieron entre los meses de junio y agosto de 2015, cuando mediante Resolución N° 528/15, el exintendente Balochi, junto al secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Camarda, y el secretario de Hacienda, Daniel Miguens, decidieron adquirir -mediante concurso privado de precios- 33 palmas de alumbrado público por el valor de 678.810 pesos.
Esas palmas debían ser destinadas a la iluminación de la avenida 2 de Abril. Asimismo, los investigadores aseguran que estas columnas eran diferentes a las que utiliza la prestadora de servicio de alumbrado público.
En este sentido, afirmaron que las palmas adquiridas por el gobierno municipal del periodo 2011-15 no resultan útiles para la zona, por su escasa resistencia a los fuertes vientos. También fueron consideradas de baja calidad por el grosor del material y la escasa altura.
Po otra parte, Gonzales Meneses indicó que la compra se realizó por un monto significativamente superior al valor de plaza, provocando un claro perjuicio económico a la administración pública municipal. En ese marco, agregó que las palmas se encuentran apiladas en la Planta Cementera Municipal ubicada en calle Elcira Sáez del barrio “Progreso”.
En este contexto, el acusador detalló que la operación de compra fue llevada adelante con la firma Caño Sur SA en tres etapas durante 2015. La primera consistió en la compra de 23 palmas de alumbrado público por el monto 473.110 pesos. Esta operación fue abonada el 21 de julio mediante concurso privado de precios.
Asimismo, la segunda adquisición consistió en la compra de 4 palmas por 82.280 pesos y fue pagada el 31 de agosto. La última compra de 6 palmas de alumbrado público se realizó el 17 de junio y la Municipalidad pagó 123.420 pesos. Las dos últimas adquisiciones se efectuaron a través de la modalidad de compra directa.
Con respecto al procedimiento de compra, Gonzales Meneses afirmó que el mismo resultó violatorio de las normativas existentes en la materia, por cuanto el Concejo Deliberante no efectuó la autorización prevista en la Ordenanza N° 49/12, mediante la cual se establece el Sistema de Compras y Contrataciones.
En dicha normativa, su artículo 4 establece que “corresponde al Concejo Deliberante autorizar la contratación de ejecución de obras públicas municipales, su conservación y mantenimiento. En el acto de autorización el Honorable Concejo establecerá las modalidades de Contratación y aprobará en su caso el pliego de Bases y Condiciones dentro de lo establecido en la Ley XVI N° 46.
TRIBUNAL DE COMPETENCIA
Sobre la calificación legal, la parte acusadora propuso que se investigue a los exfuncionarios municipales como presuntos coautores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra la administración pública y pidió 6 meses para investigar.
A su turno, los abogados defensores realizaron un planteo de excepción de competencia del Tribunal, al entender que este tipo de trámite amerita la intervención previa del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chubut, a los fines de que cuando el organismo de contralor emita su dictamen se establezca si corresponde avanzar en el ámbito del derecho penal.
En este marco, el exjefe municipal declaró y sostuvo que la compra de palmas de alumbrado público corresponde a la política de integración territorial desarrollada durante su gestión, en la cual se pavimentaron más de 100 cuadras.
También agregó que para esta operación se realizó el concurso de precios previsto por la ordenanza municipal. Con respecto a la calidad de los materiales, aseguró que un informe realizado por profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) confirmó que las palmas adquiridas eran las adecuadas para el alumbrado público en ese sector de la localidad.
Luego de un cuarto intermedio, el juez Novarino resolvió no hacer lugar a las postulaciones de los abogados defensores y formalizó la investigación preparatoria de juicio contra los exfuncionarios municipales y otorgó 6 meses de plazo de investigación.