A Rubén Zárate finalmente lo juzgará la Justicia provincial

En el inicio del juicio oral y público contra cuatro exfuncionarios del Ministerio de Educación durante la anterior gestión del Gobierno de Chubut, el primer testigo en declarar fue el denunciante de los presuntos sobreprecios en la contratación del servicio de transporte estudiantil, el exministro de esa cartera, Fernando Menchi. Previamente, el tribunal del juicio dio a conocer su resolución tras un planteo realizado por uno de los defensores que entendió que la causa debía ser investigada por la Justicia federal.

Por unanimidad, los jueces Mirta Moreno, Fabio Monti y Sergio Piñeda rechazaron la petición de ser juzgados por la Justicia federal por haber sido presentada “extemporáneamente”. No obstante el fallo del tribunal de juicio, el defensor Omar López hizo “reserva federal” de presentar un planteo similar en una instancia judicial superior. López había argumentado que por tratarse de la administración de fondos nacionales, debió haber intervenido la Justicia federal.

Al iniciarse el juicio, Fernando Menchi declaró que a poco de asumir al frente del Ministerio de Educación en diciembre de 2015, se encontró con dificultades para destrabar fondos provenientes del Ministerio de Educación de la Nación por no existir “rendiciones” por parte de funcionarios que lo antecedieron, de dinero enviado en el marco del programa “Plan Mejora continua de la calidad de los entornos formativos y las condiciones institucionales de la educación técnica profesional”.

Dijo que fondos “ya enviados no se habían rendido y por lo tanto hacía imposible la imputación de nuevos envíos, lo que causaba generalizados inconvenientes en inversiones para mejoras educativas”. Agregó que analizando la documentación, se encontró con cuatro expedientes en donde “a mi criterio habían marcados sobreprecios mediante la contratación directa de viajes estudiantiles. Envié todo al área legal y surgió que las contrataciones excedían largamente lo reglamentado para esa modalidad de contrato. Hice averiguaciones sobre el costo de esos viajes a otras empresas que no habían consultado, y me pasaron costos largamente inferiores. Además primero se contrataba el servicio de transporte y luego se armaba el expediente respectivo”, indicó entre otros aspectos que tuvo en cuenta para realizar la denuncia penal, junto a la Fiscalía de Estado.

VALORES SOSPECHOSOS

El trabajo de investigación por parte del Ministerio Público Fiscal de Rawson, estuvo a cargo de la fiscal general Griselda Encina que dividió la investigación en cuatro hechos que se convirtieron en la base de la acusación que se tiene en cuenta para llevar adelante el juicio oral y público. El fiscal general Osvaldo Heiber representa en el juicio al Ministerio Público Fiscal y Martín Castro y Rodrigo Miquelarena a la Fiscalía del Estado del Chubut en carácter de querellantes. Ambas partes acusatorias coincidieron en la descripción de los hechos investigados y la calificación legal contra los imputados.

Los defensores Omar López y Damián D’Antonio asisten a Marcelo Gallichio, Gladys Harrys y Rubén Zárate. Por su parte el abogado particular Sergio Miranda defiende a Sergio Combina.

Para el defensor López, la acusación “está llena de adjetivaciones, ilicitudes y presuntas maniobras ilícitas. Dijo que en las cuatro contrataciones “no se violaron reglamentaciones y los imputados cumplieron con las normas vigentes”.

Gallichio, Harrys, Zárate y Combina están imputados del delito de “administración infiel en perjuicio del erario público” en carácter de “coautores”.

Entre los cuatro hechos a ser probados durante el juicio oral y público figura uno en el que se le endilga a Zárate que el 12 de mayo de 2014 designó mediante Nota N° 1896-14-ME a Marcelo Gallichio en el cargo de Referente Jurisdiccional del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) a los fines de que el nombrado represente al Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut y administre el desarrollo del Programa “Plan Mejora continua de la calidad de los entornos formativos y las condiciones institucionales de la educación técnica profesional”.

Dicho plan tenía como finalidad, a través de un sistema de transferencia de recursos, transferir fondos dinerarios a las jurisdicciones provinciales con el objetivo de que el Ministerio de Educación de cada provincia gestione, administre y utilice dichas sumas dinerarias para promover mediante un plan de mejora la calidad de los entornos formativos, las condiciones institucionales, la formación y capacitación de los docentes, (objetivos expresamente establecidos en el artículo 12 de la Ley Nacional de Educación 26.206, articulo 52 Ley 26.058 y Resolución 748 de la INET).

En este sentido, y a los fines de dar comienzo con el desarrollo del plan educativo se crea el Expediente N° 4899/2015 del Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, mediante el cual se solicita al INET la aprobación del “Plan Jurisdiccional 2015 del Campo de Igualdad de oportunidades, Línea de Acción Innovación Pedagógica en procesos de enseñanza en aéreas o disciplinas de alta significación en la educación técnico profesional de la provincia del Chubut”.

Así fue como mediante Resolución N° 386 de fecha 24 de abril de 2015, el INET autoriza y transfiere al Ministerio de Educación la suma de $ 2.161.390 para financiar los gastos que demande la implementación del mencionado plan.

Así las cosas, el 20 de agosto de 2015 el señor Gallichio, con el objetivo de que distintos profesores y estudiantes de Chubut presencien el evento educativo denominado “Segunda Carrera Eco Desafio” a desarrollarse en la ciudad de Termas de Río Hondo en la Provincia de Santiago del Estero, remite mediante vía e-mail los detalles del servicio a reconocidas empresas de transporte de la zona para que den el correspondiente presupuesto que demandaría la presencia de aquel evento.

A partir de allí se evidencian los primeros pasos de un derrotero de irregularidades a seguir por parte de los responsables de la administración de los fondos nacionales que confeccionaron un expediente para realizar directamente el pago de un transporte privado, al contratar un servicio por una vía de excepción inaceptable por la ley de Administración Provincial.

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