Adulteró un formulario para salir del país sin las bicicletas que trajo

Es el delito que la Justicia Federal le imputó a un deportista chileno que al ingresar a la Argentina declaró ante Aduanas que transportaba seis bicicletas de competición. Al salir del país figuraba en el registro que solo llevaba cuatro ruedas de bici. Habría vendido los rodados en Rada Tilly. Fue procesado por adulteración de documento público y accedió a una probation.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz le prohibió el ingreso al país por el término de tres años al deportista y comerciante de la ciudad chilena de Punta Arenas, Claudio Leonardo Botten Concha, a raíz de una medida judicial en su contra por “uso de documento público adulterado”.

De acuerdo a la información existente en la resolución judicial, el imputado había ingresado a la Argentina con seis bicicletas y declaró a su salida que llevaba solo cuatro ruedas. “El uso del documento público adulterado fue el medio empleado por Botten Concha para engañar al servicio aduanero, siendo su conducta final real consumar un contrabando, ingresar mercadería al país sin pagar derechos de importación para enajenarlas”, señala el juez Mario Reinaldy en su fallo.

De ese modo, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz le prohibió el ingreso al país por tres años al comerciante chileno que fue investigado por adulterar un formulario de declaración de mercadería.

Según investigó la Justicia Federal de Santa Cruz, Botten Concha ingresó al territorio nacional una bicicleta marca “Scott”, cuatro bicicletas “Specialized”, y una bicicleta “Cannondale”. Y cuando pretendió salir del país ya no tenía dicha mercadería consigo y jamás adujo que le hubieran sustraído las bicicletas o haber sido víctima de un delito. Tampoco explicó el destino que tuvieron los rodados. La alerta aduanera 12.379 brindó una razonable explicación. Las bicicletas no eran usadas, sino nuevas y habrían sido vendidas en Rada Tilly.

El 14 de agosto de 2017, el imputado ingresó al país a través del paso fronterizo Integración Austral que une Punta Arenas con Río Gallegos, consignando en el formulario respectivo (FUCH 16958154) que ingresaba con las seis bicicletas antes descriptas. El día siguiente, se presentó en el paso fronterizo Dorotea, próximo a la localidad de Río Turbio en Santa Cruz, con el mismo formulario, pero en el sector “Observaciones” se encontraban borradas las anotaciones primigenias, consignando en esta última presentación de egreso del país que había ingresado con: “dos neumáticos de bicicletas marca Maxxis modelo Crossmarc; dos neumáticos de bicicleta Maxxis Race”.

La disparidad en las expresiones escritas fue descubierta por los agentes apostados en el paso fronterizo, elevando la actuación Nro. 12787341-2017. “El encartado ingresaba al país por un paso fronterizo y luego salía por otro, para no ser descubierto por los agentes aduaneros de este segundo puesto, pues los funcionarios del primer paso podían recordarlo que ingresó el día anterior llevando otras mercaderías” analizó el juez Mario Reinaldy.

Según la Justicia, habría escrito el formulario con una lapicera de tinta borrable con la cual completó el formulario FUCH 16958154, para luego proceder a su borrado y nuevo llenado, incurriendo en la adulteración del documento público originario.

“Por consiguiente, según la sentencia el uso del documento público adulterado fue el medio empleado por Botten Concha para engañar al servicio aduanero, siendo su conducta final real consumar un contrabando, ingresar mercadería al país sin pagar derechos de importación para enajenarlas” analizó el juez Reynaldi.

DELITO DE CONTRABANDO

Según la Justicia, si se cotiza en la actualidad las bicicletas de alta gama involucradas, el hecho encuadraría en el delito de “Contrabando” ya que hay en el mercado bicicletas marca “Specialized” cuyo valor ronda entre los $ 200.000 a $ 800.000 y eran cuatro rodados los que había ingresado. Lo mismo ocurre con la bicicleta “Cannondale”, cuyo costo ronda entre los $ 300.000 y el millón de pesos. Los dólares secuestrados en poder del imputado era muy probable que correspondan al valor de las bicicletas vendidas en el país.

“El Estado nacional se vio privado de percibir derechos de importación. Los impuestos que se atribuyen a todos los artículos o bienes que son importados y exportados se conocen como aranceles. En el caso puntual de los aranceles de importación argentina vienen en la forma Ad Valorem, y van desde el 0%, 8%, 14%,16%, 18%, 20%, 25% hasta el 35%”, expresó el juez Reynaldi.

También citó otros impuestos que en estos casos son tenidos en cuenta como el Impuesto a las Ganancias del 6%, Ingresos Brutos, Tasa de Oficialización de Aduana de US$ 10,00, Tasa de Digitalización de Aduana de US$28,00, Tasa de SENASA de US$18 + IVA, solo si la mercancía posee embalaje de madera, IVA tasa general del 21% o 10,5% si la importación se refiere a bienes de capital, informática o de telecomunicaciones e IVA Adicional del 20%.

PEDIDO DE PROBATION

La defensa de Botten Concha solicitó una suspensión de juicio a prueba porque su pupilo no tenía antecedentes y ofreció el pago de 150 mil pesos, y como trabajo comunitario Botten Concha ofreció dar clases de ciclismo ya que dijo que él es un atleta de elite.

En la presente causa se le imputó a Botten Concha la presunta comisión del delito de uso de documento adulterado, en calidad de autor material y penalmente responsable.

Ante el pedido de la Fiscalía Federal, el juez suspendió el proceso judicial en contra del deportista y comerciante chileno por el término de tres años, y ante la actual situación de pandemia sanitaria por el COVID-19, se le prohibió el ingreso a la República Argentina mientras dure el término de la suspensión a prueba. Incluso esta decisión judicial ya se informó a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Mientras, el dinero secuestrado permanecerá embargado en principio hasta que se cumpla el plazo de extinción de la acción penal, pero también como garantía a los efectos que la Administración Nacional de Aduanas haga efectiva la acción civil correspondiente y de aquello que determine aquel organismo en la causa por la infracción tributaria pertinente.

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