El juez de garantías Fabio Monti aceptó el pedido de los fiscales anticorrupción Omar Rodríguez y Alex Williams, y abrió la investigación del extitular de Ceremonial y Protocolo de Provincia, Oscar Roberto Alarcón, a quien se lo acusa del delito de enriquecimiento ilícito, ya que no puede demostrar de qué manera tiene a su nombre propiedades que exceden su teórica capacidad de ahorro.
Alarcón (popularmente conocido como “Chito”), que también trabajó o percibió sueldo de la municipalidad de Trevelin de manera irregular, ya que lo hacía en simultáneo con el de Provincia, será investigado durante seis meses por la compra de terrenos en Playa Unión, la construcción de una casa en el barrio Gregorio Mayo de Rawson y la compra de un terreno con un edificio de oficinas de dos plantas a estrenar en la capital provincial.
Para los fiscales Rodríguez y Williams, Alarcón tuvo un incremento patrimonial inalcanzable y sin capacidad económica para adquirirlos con su sueldo de funcionario provincial y en la comuna de Trevelin.
Carlos Conti, abogado defensor de Alarcón, destacó que desde que se enteró de la investigación en su contra, su cliente siempre estuvo a disposición de la Justicia y que no se opondría a la apertura de investigación ya que la misma se transformada en la posibilidad de vindicarse ante las sospechas en su contra.
En la misma audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, Alarcón se puso a disposición de los fiscales y respondió preguntas de estos. En líneas generales argumentó que las compras de los inmuebles las realizó con sus ahorros mensuales y los aportes de su pareja, Carmela Miranda. Respecto de los precios pactados considerados irrisorios para los fiscales-, dijo que los valores fueron bajos al punto tal que existe una demanda civil entre los sucesores de la familia Tocho los vendedores- por los precios en los que se vendieron. Argumentó también que las ventas se hicieron ante escribano público, el abogado Juan Cruz Lagos de la ciudad de Esquel.
PODIA AHORRAR
Alarcón dijo que su sueldo de director de ceremonial era de 30.000 pesos, más las rendiciones de los viáticos por sus tareas al frente de área de Ceremonial de la provincia. Estos ingresos le permitían ahorros mensuales de entres cinco mil y diez mil pesos por mes, más la ayuda de su pareja, propietaria de una librería en Rawson.
Para el fiscal Williams, el incremento patrimonial de Alarcón no cierra con los informes de sus ingresos y lo que nos indicaron sus movimientos bancarios.
En la apertura de la investigación contra el exfuncionario se detallaron los terrenos que adquirió, la superficie y la ubicación de cada uno de ellos. Se trata de la llamada investigación preparatoria que se basa en los siguientes hechos expuestos por los fiscales Rodríguez y Williams.
En ese trabajo, los fiscales recuerdan que Alarcón desde 2003 hasta casi la fecha se viene desempeñando como funcionario público, primero bajo la órbita municipal y luego provincial en forma ininterrumpida; en su comienzo en la Municipalidad de Trevelin, para luego acompañar desde la primera gestión al extinto gobernador Mario Das Neves hasta su deceso, en el Área Ceremonial, circunstancia esta que es de público y notorio conocimiento”.
Los fiscales dejan en claro que Alarcón no conto con ningún otro ingreso que no fuera su sueldo como agente de la Municipalidad de Trevelin, en su adscripción al IPV, y/o en el Área Ceremonial, y de inmediato se detallan las propiedades que tiene a su nombre.
En el listado aparecen terrenos baldíos en Playa Unión y Rawson, todos ellos muy bien ubicados, y que en principio los fiscales entienden totalizan un patrimonio millonario. Más allá de los inverosímiles precios de compra que figuran en la escritura de mención, aun dando por ciertos dichos montos los mismos aparecen de imposible acceso a un funcionario público que para el momento de la adquisición percibía un sueldo neto de $ 18.890, lo que a su vez según sus movimientos bancarios eran utilizados en su totalidad sin remesa que refleje ahorro”, explicaron los fiscales.
En la imputación, Williams y Rodríguez aseguran que existen datos objetivos de un incremento patrimonial apreciable e injustificado por parte del ciudadano Oscar Alarcón, en el periodo que se desempeñó como funcionario público dado que, como ya lo hemos sostenido, el nombrado no tenía capacidad económica para la adquisición de los bienes inmuebles de los que es titular”, concluyen.