Balochi fue imputado en otra causa por defraudación y le acumularon tres legajos

La Fiscalía de Sarmiento le imputó una nueva causa al exintendente de esa ciudad, Sebastián Balochi, y a los exfuncionarios que se desempeñaron en su mandato, Rubén Camarda y Daniel Miguenz, la cual se calificó como administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra la administración pública. Esta vez fue por la licitación para la construcción de una escuela. A pedido de la defensa, el juez autorizó la acumulación de tres legajos de investigación.

La audiencia de apertura de investigación contra el exintendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, y sus exfuncionarios, Rubén Camarda y Daniel Miguenz, se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de la ciudad de los lagos, presidida por el juez penal, Jorge Novarino.

El Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal general, Herminio Gonzales Meneses, mientras que a Balochi y Camarda los asistieron los abogados de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzún y Marcelo Catalano. En tanto Miguenz fue defendido Guillermo Klaur.

Según el fiscal, el hecho que motivó la investigación ocurrió el 2 de junio del 2015 mediante resolución N° 526/15, por medio de la cual el exintendente instrumentó un proceso licitatorio para la construcción de la obra Escuela de Artes y Oficios.

La fecha tope para la recepción de ofertas era el 3 de julio de ese año. En tanto, la apertura de sobres se programó para tres días después, con un presupuesto oficial que fue publicado por un monto de 8.352.136 pesos. Ante la falta de oferentes, se resolvió prorrogar los plazos. El 7 de agosto de ese año, en tanto, se abrieron los sobres con dictamen legal y de la comisión de preadjudicación.

La construcción de la obra se adjudicó a la empresa “Ledesma”. En este sentido, Gonzales Meneses señaló que en esta ocasión el presupuesto fue por un monto de 10.406.079 pesos; es decir un 24,59% por encima del presupuesto inicial.

ANTICIPARON

2 MILLONES

Por otra parte, la investigación sostiene que el 26 de noviembre de 2015 se adjudicó la obra y que el 2 de diciembre se celebró el contrato de construcción de la Escuela de Artes y Oficios entre el exmandatario municipal y el representante de la empresa constructora “Ledesma y Cía. SRL”.

Al día siguiente, la empresa constructora solicitó “Anticipo Financiero en Contrato” y es aquí donde la parte investigadora afirma que la compañía realizó ese pedido sin intervención de la Dirección de Rentas de la Provincia de Chubut y sin dar razones del apartamiento del pliego de bases y condiciones.

En tanto el 4 de diciembre Rubén Camarda --a cargo de la Intendencia--, con la participación de Graciela Núñez --responsable de la Secretaría de Coordinación de Gabinete--, resolvieron pagar el anticipo solicitado por la empresa Ledesma. El monto requerido fue de 2.081.216 pesos.

En este contexto, Gonzales Meneses consideró que el procedimiento resultó violatorio de las normativas existentes en la materia. El proceso establece que el Concejo Deliberante debe efectuar la autorización prevista en la Ordenanza N° 49/12, mediante la cual se establece el Sistema de Compras y Contrataciones.

Otra de las documentaciones incorporadas fue un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut. El organismo de control comunicó que se adjudicó la obra a la empresa Ledesma en un 24,59% por encima del presupuesto inicial, sin precisar el mes base con el cual se calculó el precio.

PLANOS

INCOMPLETOS

También sostiene que los planos de obra, de planta, cortes y cálculo de estructura, deberían tener aprobación municipal. Por otra parte, el ente controlador agregó que no surgen de los planos aportados de servicios de agua, cloaca, energía eléctrica y gas, la firma de un profesional habilitado.

Por último, el Tribunal de cuentas afirmó que no existen constancias de partidas presupuestarias a la que se pretende afectar, ni saldos para la ejecución de la obra.

A su turno, los abogados defensores coincidieron en requerir al magistrado que no formalice la apertura de investigación porque señalaron que el acusador no describió si mediante esta operatoria los imputados obtuvieron un beneficio para ellos o para terceros, como tampoco determinó cuál fue el perjuicio concreto que se le habría causado a la administración pública local.

Si bien el juez reconoció que el escrito de la Fiscalía “es suscinto y precario”, de todos modos se logró identificar la calificación legal provisional y el accionar de los imputados.

En consecuencia, resolvió hacer lugar a la apertura de la investigación preparatoria de juicio contra los exfuncionarios municipales, bajo la calificación legal provisoria propuesta por el fiscal. También entendió que el plazo solicitado es razonable y otorgó a los investigadores seis meses para culminar las tres investigaciones.

Por último, el juez hizo lugar al pedido de la Defensa Pública sobre la acumulación de las tres carpetas judiciales en las que se investiga a las mismas personas imputadas.

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