Carpintero, el funcionario que admitió haberse enriquecido ilegalmente

El exsecretario privado de Mario Das Neves fue llevado a juicio por asociación ilícita en el marco de la causa Revelación. Antes buscó un acuerdo para evitarlo en el cual admitía haberse enriquecido ilegalmente. Inclusive se mostraba dispuesto a cederle al Estado más bienes de los que terminaría perdiendo luego del juicio del año pasado.

Gonzalo Carpintero volvió a ser noticia esta semana en Trelew, cuando en la madrugada del viernes cruzó en rojo un semáforo y embistió a otro auto. El exfuncionario se hallaba en estado de ebriedad. Una mujer está grave por su imprudencia.

Durante el último gobierno de Mario Das Neves, Carpintero concedía una entrevista a El Extremo Sur, donde afirmaba: “mi mayor defecto es la culpa”. ¿Un presagio?

El gobernador lo ubicaba en la cúspide de su confianza personal por su implacable lealtad y el aguante absoluto que le prodigó en tiempos difíciles, pero también por su perspicacia política y su vocación por el diálogo y la negociación. De hecho Carpintero aseguraba que “mi ocupación preferida es la ‘rosca’”.

El entonces secretario privado manejaba, con Diego Correa muy cerca, una suerte de dispositivo de “control” del Gabinete, blindando el acceso al jefe y filtrando demandas o presiones.

Carpintero (46 años) es abogado y fue uno de los “jóvenes brillantes” que Das Neves proyectó a la gestión pública entre 2003 y 2011. Pero terminaría vilipendiado por el sistema y admitiendo que se enriqueció ilegalmente durante su paso por la función pública.

AQUEL ESCANDALO CON EL FISCAL NAPOLI

Carpintero fue detenido el 23 de mayo de 2018, siete meses después del fallecimiento de Das Neves. Fue en el marco de la causa Revelación y no tardaría mucho en acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

En agosto de 2020 –plena pandemia-, trascendió que el entonces fiscal Marcos Nápoli solicitaba al juez de la causa un juicio abreviado para el acusado ya que no contaba con ningún antecedente penal, ni condena, acentuando que no hubo nadie que dijera que fuera el propio Carpintero quien solicitaba coimas para acelerar certificaciones de obra.

Su imputación final fue la de enriquecimiento ilícito de acuerdo al artículo 268 del código penal y según el investigador, esto quedaba evidenciado por la cantidad de bienes que adquirió sin tener otro ingreso que no fuera el de su salario en la administración pública.

La calificación jurídica definitiva por este delito es de tres años de efectivo cumplimiento, aunque alcanza la de ejecución condicional por el tiempo que estuvo en prisión preventiva, más una serie de pautas de conducta, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa que consistía en el decomiso de una vivienda de 362 mts2 en el barrio Bonorino de Trelew, valuada hace dos años en 420.000 dólares; otro inmueble de 338 mts2 (terreno), que se cotizaba en 50.000 dólares y una camioneta Toyota sw4 2017, valuada en $ 260.0000.

La traslación de dominio de dichos bienes en favor del Estado provincial los debía hacer en un plazo máximo de seis meses; de lo contrario la ejecución penal sería de efectivo cumplimiento. Pero el escándalo que motivó que intentara evitar el juicio oral y público junto a otros exfuncionarios como Víctor Cisterna y Alejandro Pagani, hizo que finalmente se truncara el acuerdo.

EL JUICIO

El viernes 23 de abril de 2021 se conocieron las penas pedidas por los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez para los imputados en la causa Revelación. Gonzalo Carpintero solo fue condenado a tres años de prisión ya que no se le probó ser parte de la asociación ilícita, sino que lo suyo fue enriquecerse ilegalmente. Su condena, además de ser excarcelable, ya la había cumplido, aunque la mayor parte en prisión domiciliaria.

Claro que también debería devolver patrimonio privado al Estado provincial, pero menos de lo que en su momento había propuesto la Fiscalía al pedirle un juicio abreviado que tanta polémica generó en agosto de 2020.

Carpintero fue hallado culpable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público en calidad de autor, por los hechos investigados y ocurridos entre los meses de diciembre de 2004 y noviembre de 2017, en perjuicio de las Administraciones Públicas de la Provincia de Chubut y de la Municipalidad de Trelew. Los investigadores pidieron la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Además, el Ministerio Público solicitó que se le impusiera una multa de $12.468.592 y se decomisara el bien ubicado en calle Pablo Neruda 3795 del barrio Bonorino de Trelew, cotizado en casi 50 millones de pesos, que pasaría a dominio del Estado ni bien la sentencia adquiriera autoridad de cosa juzgada.

No se pudo dilucidar si en este tiempo Carpintero permaneció en Trelew o cumplió con su deseo expresado en la citada entrevista acerca de que le gustaría vivir “en Treorky, rodeado de sauces llorones”.

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