Caso Correa: a la última de las detenidas también le dictaron seis meses de prisión

El juez penal de Trelew, Sergio Piñeda, le impuso ayer la prisión preventiva por seis meses a Daniela Souza, a quien en principio se la considera partícipe necesaria en una presunta asociación ilícita que se conformó para defraudar al Estado. La mujer, quien fue aprehendida en Arroyo Verde cuando regresaba de un viaje al extranjero, permanecerá en prisión preventiva por el mismo plazo que los exfuncionarios Diego Correa y Diego Lüters y que los otros tres imputados, Natalia Mc Leod, Juan Carlos Ramón y Sandro Figueroa.

Daniela Souza, quien fue detenida el martes en Arroyo Verde, cuando regresaba a la provincia de su viaje por Europa, permanecerá en prisión preventiva durante seis meses, mismo plazo que tienen los fiscales para desarrollar la investigación por la presunta asociación ilícita que se conformó para defraudar al Estado y que tiene como sospechoso de haberla liderado al extitular de la Unidad Gobernador, Diego Correa.

A las 10:30 de ayer, en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, en Rawson, comenzó la audiencia de control de detención de Souza, que como se preveía arrojó el mismo resultado que la que se desarrolló el viernes para los otros cinco imputados y ya detenidos: el mencionado Correa, Diego Lüters, Natalia Mc Leod –esposa de Correa-, Juan Carlos Ramón y Sandro Figueroa.

Junto a esa determinación, el juez Piñeda pidió que se libre oficio al jefe de policía para que se investigue por qué razón la mujer no fue detenida en Ezeiza cuando arribó a la Argentina procedente de Europa. Así, su presencia en el país recién fue detectada en la madrugada del martes, en un control de rutina en Arroyo Verde, el límite este de la provincia de Chubut y Río Negro.

SOCIA GERENTE

A Souza se le imputaron cinco hechos, dos de los cuales son considerados como “tentados” por los fiscales porque aún no se tienen pruebas acerca de si el dinero fue cobrado.

En todos los casos se trata de la reparación de viviendas o departamentos oficiales a pedido del funcionario provincial Rubén Darío Reynoso, solicitud que llegaba a la Unidad Gobernador conducida por Correa, la compulsa de precios “ficticia” –según entienden los investigadores- con otra empresa denominada “Concretar”, a cargo de Juan Carlos Ramón, los rápidos trámites para que se realicen pagos en donde jugaba un importante papel Diego Luters, dependiente directo de Correa, hasta que el dinero se depositaba en la cuenta de la empresa Dual Cuore en la que la imputada era la socia gerente.

Las cinco contrataciones para la reparación de las viviendas oficiales se hicieron por cifras que van desde los 240.000 a los 385.000 pesos. “En todas las órdenes de compras aparece Souza y refuerza su rol en la organización como subordinada de Correa, en su rol de socio gerente o apoderada de la empresa”, indicaron los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, quienes destacaron además, que la investigación del caso “abortó varios pagos”.

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