Caso Embrujo: empleados de la Unidad Gobernador ratificaron que sufrieron amenazas para que firmaran expedientes

Se trata de la dependencia provincial que estaba a cargo de Diego Correa, quien se encuentra acusado de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado provincial. Un total de siete testimonios se escucharon ayer por la tarde en el marco de la continuidad del juicio oral y público por la denominada causa "Embrujo". El debate seguirá el martes a partir de las 8:30 en la Oficina Judicial de Rawson.

Uno de los empleados de la Unidad Gobernador que conducía el entonces subsecretario Diego Correa, dio cuenta de las intimidaciones y las tareas bajo amenazas que sufrían los empleados de esa dependencia por orden de quien es considerado el jefe de la presunta asociación ilícita que ahora está sometida a juicio oral por la llamada causa “Embrujo”. También albañiles que trabajaban en Casa de Gobierno pero que recibían horas extras a cambio de trabajar en la casa particular de Correa, manifestaron sentirse amenazados.

Las declaraciones de los testigos se realizaron cerca del mediodía de ayer en la tercera jornada del juicio oral que se realiza en la sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson.

Alexis Gabra formó la empresa Sepat SRL siendo empleado del Banco Río. Lo hizo para poder facturar la venta de ladrillos que realizaba por la tarde. Al comenzar a trabajar en la Unidad Gobernador que conducía Diego Correa, decidió vender la empresa a su compañero de trabajo en ese lugar, Diego Lüters, otro de los imputados. Lo hizo a través de su contador Diego Gatica, también investigado. Se pactaron 90.000 pesos. “Antes de la venta de la empresa le vendí 3.600 ladrillos a Diego Correa. Los ladrillos fueron llevados a Playa Unión”, detalló.

Pero también Gabra dio cuenta de que en algunas oportunidades se sintió “intimidado” por sus superiores para la firma en especial de expedientes puntuales. Se refería a las presiones que recibía de Lüters para elevar expedientes vinculados con la necesidad de determinados contrataciones para reparar las viviendas oficiales.

Dio cuenta de que las presiones eran de Lüters, pero se originaban en Correa. “El trato en el día a día cambiaba. Sentí que si no firmaba me quedaba sin trabajo”, dijo al tribunal del juicio. “Todos los empleados vivíamos bajo esa amenaza. Nos iban a echar y lo escuché de boca de Diego Correa desde una oficina continua”, detalló ante una pregunta puntual del querellante Eduardo Hualpa. “Luters no se negaba a cumplir las tareas que pedía Correa, pero si nosotros nos negábamos, podíamos perder el trabajo”, agregó.

Sin que las partes le pregunten, el testigo Andrés López contó que para trabajar en casa de Gobierno “tuve cinco años realizando tareas de militancia para Mario Das Neves. A (Oscar) ‘Chito’ Alarcón le dije que necesitaba trabajo porque me cagué de frío militando. A Luters le agradezco porque me dio el trabajo”, indicó.

Señaló que trabajaba en la Unidad Gobernador en tareas de mantenimiento desde hacía tres años. Por orden de Lüters, realizó tareas de pintura en la casa particular de Diego Correa en Playa Unión. Dijo que le advirtió a Lüters que no correspondía trabajar en una casa particular. “Como te pusimos te sacamos, me dijo Lüters y yo con una nena de tres meses, tuve miedo de quedarme sin trabajo. Lo tomé como una amenaza”, dijo. Agregó: “nos pagaron con horas extras mediante el cajero automático”.

La madre de Pablo Báez era empleada en la casa de Diego Correa. A través de ella el exfuncionario ahora imputado, hizo ingresar al joven que se hallaba desocupado. Las tareas serían las de mantenimiento en la Casa de Gobierno, bajo las órdenes de otro de los imputados, Diego Lüters, secretario de Correa.

Trabajaba por la tarde especialmente en tareas de pintura. No recordó con claridad donde quedaba la casa de dos plantas donde también le encomendaron que realice tareas de pintura. Jorge Hugues fue otro testigo de la jornada que declaró para dar cuenta de sus trabajos de albañilería, en este caso, bajo las órdenes de otro de los imputados, “Tato” Ramón.

Mientras, Juan Luden dio cuenta de haber comprado a Diego Correa una camioneta Toyota Hilux por la que pagó 600 mil pesos al contado. Fue en enero de año 2018 cuando la investigación ya estaba avanzada y según los fiscales el grupo había comenzado a deshacerse de sus bienes.

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