Causa IPV: dictan un mes de prisión al segundo detenido

Se trata de Maximiliano González, quien fue aprehendido en un allanamiento desarrollado esta semana en el barrio Saavedra. El juez determinó que quede en prisión preventiva por el término de un mes, es decir el mismo tiempo que se le dictó la semana pasada a la primera detenida en el marco de la causa, Griselda Jonás. La fiscalía los acusa de pedir dinero a cambio de adjudicar viviendas del IPV en Comodoro Rivadavia. Se investiga la connivencia con funcionarios de ese organismo en Rawson.

En horas de la mañana de este jueves se concretó en la modalidad de videoconferencia la audiencia de control de detención y apertura de la investigación en contra de Maximiliano González. El fiscal solicitó se le formalice un delito principal y dos secundarios calificados provisoriamente como “asociación ilícita” en carácter de “autor” en el rol de “jefe” y requirió que se dicte su prisión preventiva. Mientras que el defensor cuestionó las calificaciones jurídicas provisorias escogidas y solicitó el arresto domiciliario de su pupilo.

Finalmente, el juez penal declaró legal la detención del imputado y dio por formalizada la apertura de la investigación, dictando la prisión preventiva de González por el término de un mes.

Presidió el acto jurídico Miguel Caviglia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Héctor Iturrioz, fiscal general; en tanto que la defensa de González fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

De acuerdo con la imputación que presentó la Fiscalía, en una fecha aún no determinada con precisión, pero que data al menos de mayo de 2019, un grupo de personas, comandados por un funcionario de la Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (en adelante el IPV) con sede en esta ciudad de Comodoro Rivadavia, identificado como Maximiliano González, e integrado por aquel entonces por tres personas ya identificadas; obrando de común acuerdo, decidieron asociarse con la única intención de cometer ilícitos.

Estos delitos indeterminados en su cuantía y en cuanto a las conductas ilícitas a desplegar, giraban en derredor de la recaudación de dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas o a construirse por el Instituto del que González era agente, señaló el fiscal.

Entre los ilícitos ideados por el grupo se incluían la comercialización/venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI; la venta de Legajos personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”, cuya adquisición por una suma dineraria, que fue variando con el transcurso del tiempo, suponía –según argüían los integrantes del clan- la “adjudicación directa” de una finca de este tipo, sorteando la obligación de cumplir el procedimiento establecido por el ente rector; la sustracción de elementos (sello oval) y documentación perteneciente al IPV, a fin de utilizarlos posteriormente a fin de dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda y que entregaban a los ocasionales adquirentes de sus gestiones; la falsificación de resoluciones de adjudicación, utilizando para ello no solo los conocimientos sobre el procedimiento administrativo adquiridos por González a lo largo de su labor en el IPV sino también los medios informáticos (hardware y software) de propiedad del ente autárquico.

El éxito económico obtenido por los integrantes del ente delictual durante sus primeros meses de vigencia, según Iturrioz, motivó que su González decidiera como jefe cambios en el reparto de tareas, por cuanto se incorporaron nuevos miembros al colectivo preexistente, a fin de optimizar la operatoria venal al tiempo que le permitía permanecer al margen del contacto personal con los nuevos miembros y con los adquirentes de sus servicios.

En dicho contexto a fines de 2019, se incorporó a la empresa criminal, Griselda Fanny Jonás, quien fue detenida la semana pasada.

Repartidos los nuevos roles Jonás comenzó con su labor de ofrecer a distintas personas “Carpetas Adjudicadas” del IPV, correspondientes todas ellas a distintos planes de viviendas –sociales- que el organismo construyó y construye en la zona norte de esta ciudad, más precisamente en Kilómetro 12.

Como se dijo, dichas carpetas implicaban que el adquirente de los favores del clan, mediante el pago del canon exigido por el colectivo, que fue oscilando en el tiempo entre la suma de $ 150.000 hasta la suma de $ 300.000; se garantizaba una suerte de “Adjudicación Directa”, la que implicaba sortear todos los procedimientos legalmente impuestos por el IPV.

Para garantizar el éxito del emprendimiento inmobiliario ilegal, Jonás fue sumando integrantes a la sociedad venal, los que se encargarían de conseguir interesados, explicarles los “beneficios” de acceder a conformar la transacción, y finalmente ponerlos en contacto directo con Jonás quien concluía la operación, indica la fiscalía.

Recibida la documentación –y el dinero- por parte del funcionario público dependientes del IPV, este se encargaba de confeccionar las Resoluciones –apócrifas- donde se concretaban las adjudicaciones en favor de quienes habían abonado la gestión.

La sociedad delictual mantuvo su giro comercial irregular, al menos hasta el 10/09/20, fecha en que merced a las medidas intrusivas dispuesta en estos rótulos fue desbaratada, y se ha podido establecer que mientras los planes de la banda estuvieron vigentes, se concretaron al menos doscientas operaciones ilegales, todas ellas con el mismo modus operandi.

Seguidamente el fiscal se refirió a dos hechos que concurren en forma material al principal calificado el primero como “estelionato, falsificación de documentos, falsedad ideológica de documento público, y exacciones ilegales bajo la modalidad concusión”, en carácter de coautor y autor; y el segundo como “exacciones ilegales bajo la modalidad concusión” como autor para González.

Mientras tanto, el defensor cuestionó las calificaciones legales provisorias esgrimidas por el representante de fiscalía y realizando apreciaciones diversas sobre los hechos imputados. El defensor sostuvo: “las presuntas víctimas en realidad son codelincuentes” y concluyó que este hecho no podría ser más que “una estafa burda”. Se opuso así al dictado de la prisión preventiva de su pupilo y solicitó en su reemplazo su arresto domiciliario.

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