Desde el 1° de julio hasta hoy, nueve notas fueron entregadas por funcionarios con puestos gerenciales en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para restituir a 24 de los 60 trabajadores desvinculados hace una semana por su presidente, Martín Eduardo Porro.
Al momento del anuncio de la medida, Porro había aclarado en la red X que “ningún operador licenciado, investigador ni personal especializado fue desvinculado. Que quede claro, estamos buscando potenciar la CNEA, no disminuirla”. Sin embargo, varias de las funciones dentro de la comisión se encuentran virtualmente paralizadas.
En una nota publicada en Econojournal, las autoridades del organismo comunicaron que, frente al impacto que generaron las bajas en algunas áreas, aseguraron ante los gremios estar dispuestas a revisar casos particulares, pero adelantaron que no habrá una reincorporación masiva de los apartados.
La reacción, tanto dentro de la CNEA como en distintos sectores del sistema científico argentino, fue automática. A lo largo de una semana, cartas públicas de distintos representantes manifestaron su rechazo a dichas medidas y denuncian una desarticulación tanto de la comisión nuclear en particular como de la función Ciencia y Técnica en general.
El viernes pasado, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Ancefn), una de las más prestigiosas y antiguas organizaciones científicas de la Argentina, manifestó en un comunicado su “profunda preocupación por el estado del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica”, haciendo referencia a las recientes medidas gubernamentales que afectaron a la CNEA. Denunciaron un “vaciamiento” del organismo.
A ellos se sumaron la Academia Nacional de Ciencias (ACN), con sede en Córdoba; la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean); y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entre otras instituciones.
Entre el jueves 2 de julio y este martes 7 presentaron su renuncia dos gerentes de la CNEA: Juan Manuel Ranalli, del área de Energía Nuclear, y Karina Alejandra Pierpauli, del Área de Investigación, Desarrollo y Aplicación. De acuerdo con miembros de la comisión consultados, solo esas dos gerencias manejan 1400 personas.
En concreto, el 30 de junio pasado fueron desvinculados 60 miembros del organismo en un operativo del que participaron la Policía Federal y la Gendarmería. Por desvinculación, en la administración pública se refieren a la no renovación de contratos. De acuerdo con el tuit de Porro de ese día, esta baja se hizo sobre “un universo de 300 personas contratadas”. De acuerdo con un empleado de la comisión, hace tres meses había 336. “Hubo decenas de renuncias”, explicó, y reveló que los salarios rondan desde los 544.000 pesos en un puesto base hasta los 2.150.000 a nivel gerencial.
De acuerdo con Presupuesto Abierto, la asignación a la CNEA proveniente del Tesoro Nacional cayó un 52,1% en tres años. En su primer día en funciones, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció en la Casa Rosada que se redujo la estructura de la comisión en un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos.
Según declaró Porro, la medida tomada la semana pasada “forma parte de una serie de cambios que está implementando nuestra gestión desde su inicio, cuyo objetivo central es el crecimiento y la modernización de una estructura organizativa que necesita mayor dinamismo en todos sus proyectos”. Sin embargo, desde cinco gerencias de la CNEA consideran necesario revisar la decisión.
Los pedidos provinieron de la Gerencia del Área Central Argentina de Elementos Modulares (Carem), en la que solicitaron reincorporar a 15 personas. Los pedidos también llegaron desde el área de Energía Nuclear (6 personas), el área de Seguridad Nuclear y Ambiente (2 personas) y la de Desarrollo Tecnológico (1 persona).
Uno de los casos que más sobrevoló la agenda pública fue el de Paula Alderete, quien es la única operadora calificada para operar el Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) en el Centro Atómico Constituyentes. Esta es una herramienta tecnológica crítica utilizada para análisis técnicos de alta precisión, investigación científica y servicios industriales.
Como ella, otros cargos esenciales fueron removidos: ingenieros civiles, de instrumentación y procesos; analistas de seguridad radiológica y ambiental; personal de limpieza y mantenimiento en laboratorios científicos de alta sensibilidad, y también algunos administrativos que los gerentes consideran fundamentales.
Además de Alderete, estas personas son Gustavo Menéndez, Gustavo Ariel Bosisio, Micaela Bianchi, María Eugenia Martínez y Ailén Bárbara Disi, por la Gerencia de Área Energía Nuclear; María Florencia Lenzano, por la Gerencia de Desarrollo Tecnológico; Fermín Pablo Sosa y Matías Cellini, por la Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente; y Guillermo Julián Anselmino, Cristian Emmanuel Barrios, Diego Eduardo Basualdo, Anabella Ayelén Bressan, Carlos Natanael Burdiles Azocar, Fernando Jesús Cohello, Alejandro Valentín Coria, Lucas Di Donatis, Alfonsina Mariel Ghiglione, Augusto Gabriel Manzi, Carla Melisa Navazzotti, Melina Daniela Parodi, Florencia Vanina Peduzzi, Sabrina Queipo y Franco Farid Zalazar, por la Gerencia de Área Carem.
En una entrevista realizada este lunes por La Nación, el vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y exempleado de la CNEA, Galo Soler Illia, apuntó que las medidas de Gobierno más alarmantes fueron el freno a dos proyectos que considera estratégicos: el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones y el primer reactor modular pequeño, el Carem.
El grado de avance rondaba entre el 60% y el 80%, respectivamente, afirmó. “El Gobierno está tomando a las instituciones como si fueran un almacén. No hay razones técnicas para hacer lo que hacen”, denunció. Todo esto, planteó, se dio como un preludio del anuncio oficial de la construcción de un reactor modular pequeño (SMR, por sus siglas en inglés), a cargo del grupo liderado por el iraní-estadounidense Hamid Ansari.