“Queremos manifestarnos frente a los hechos de conocimiento público, como es la visita a genocidas en las cárceles, el regreso de la SIDE y el proyecto de habilitar a las fuerzas armadas a intervenir en la seguridad interior” señalan.
Luego, entre otros principales párrafos del extenso documento expresan que “sin duda se instala un clima de época mediante la acción directa, como se observa en la represión a manifestantes y su encarcelamiento, aspectos que tristemente forman parte de la experiencia histórica de la sociedad argentina”.
“La Comisión provincial por la Memoria de la provincia de Santa Cruz, tiene ya una trayectoria que acredita la importancia que la ciudadanía santacruceña adjudica no sólo a la vigencia plena de la democracia sino a la defensa de los valores abrazados por la sociedad argentina que repudia los crímenes cometidos por fuerzas amparadas en el poder del Estado como el accionar de la triple A - y las propias Fuerzas Armadas durante la dictadura y sus secuelas”
Más adelante la Comisión también recuerda que las consignas de Memoria, Verdad y Justicia llevaron a que “el Estado Provincial elevara a la Justicia el reclamo por aquellos crímenes cometidos a principios de siglo XX contra los peones rurales”, los cuales figuran en la historia conocida como la Patagonia Rebelde.
UN DOCENTE DE LA UNPA EN EL GRUPO
“Por otra parte –agregan-, la visita a los genocidas en la cárcel de Ezeiza se da en el contexto de un gobierno nacional, que hace del negacionismo y el odio social, su política”.
“Nuestro repudio se hace puntual en la persona de Marcos Williams Prim (integrante del grupo de visita), profesor de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y asesor del Diputado Beltrán Benedit. Nos preocupa que en la formación académica y en los claustros que forman la Universidad Pública se sostenga a una persona cuyo accionar se riñe con las prácticas que defienden los DDHH” puntualizan.
Consecuentemente, requieren que “a través de la secretaría ejecutiva, se remita copia de la presente declaración al Consejo Superior de la UNPA y al Consejo Académico de la Unidad Académica Río Gallegos, solicitando se sancione al profesor mencionado mediante la separación del cargo y se inicie el sumario correspondiente por la conducta reñida con la ética”.
“Asimismo, solicitamos que una copia de la presente sea remitida a los Municipios y a los Concejos Deliberantes de la Provincia, para advertir acerca de esta conducta en un funcionario público, encargado de la formación de los nuevos profesionales de la provincia”, concluyen.
El documento lleva, entre otras, las firmas de Alberto Marucco, Germán Dumrauf, José Luis Gigena, Tomás Ruggiero, Patricia Sampaoli, María Mansilla, Mario Sánchez, Vilma Huentelicán, Ana María Urricelqui, Carlos Cobelo, Maria de los Ángeles Molina y Susana Santi.