El Tribunal colegiado del caso, presidido por el juez Marcelo Nieto Di Biase, por unanimidad este viernes notificó a las partes de su resolución sobre el ya condenado Raúl Care. En su extensa sentencia, además de la pena que consideró justa, también dispuso la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de quien fuera número dos de la hoy diputada provincial Graciela Cigudosa cuando esta ocupó fugazmente la titularidad del Ministerio de Educación, en los últimos meses de gobierno del primer mandato de Mariano Arcioni.
Care fue hallado culpable en la causa por defraudación en el Ministerio de Educación, en donde el fiscal general Omar Rodríguez, tras una compleja investigación e hipótesis del caso, logró probar en juicio que se aprovechó de su función “para favorecerse personalmente”, dado que “es una persona con instrucción que además tiene conocimientos de tareas administrativas; por lo tanto tenía más conciencia de los hechos que estaba desplegando”.
El fiscal Omar Rodríguez había pedido que se lo condenara a tres años y medio de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, además de hacerse cargo de las costas de todo el proceso penal. Sin embargo los jueces solo consideraron que merecía 2 años y seis meses de pena.
El defensor Andrés Meiszner –paradójicamente exministro de Educación luego de Cigudosa- en la audiencia previa de cesura de pena había pedido el mínimo: dos años de prisión en suspenso.
El Tribunal lo integraron los jueces Marcelo Nieto Di Biase (presidente), Martín O´Connor y Patricia Reyes, quienes ya habían absuelto a Cigudosa, quien llegó a juicio imputada por los mismos delitos que Care, agravados en su caso por ser la titular del Ministerio que concedía beneficios a contratistas de obras en escuelas que reconocieron las irregularidades a cambio de juicios abreviados.
Tras otro juicio más por delitos de corrupción en Chubut, quedó en descubierto "las graves consecuencias sociales que producen los hechos de corrupción, como el delito de administración fraudulenta, investigado en esta causa. No es solo un daño económico, sino que con esta clase de delitos, además se deslegitima a la democracia, se atenta con los derechos humanos de los más vulnerables, se afecta el sistema de salud, de educación, el servicio de Justicia, entre otros graves daños”, había manifestado en su alegato el fiscal Omar Rodríguez, quien realizó una dura autocrítica que incluyó a jueces y fiscales al señalar que “la sociedad no nos cree”. Fue luego de que se liberara a Cigudosa de toda culpa y cargo por los hechos ocurridos entre 2018 y los primeros meses de 2019.