El juez federal Daniel Rafecas condenó al policía Cristian Rivaldi a un año y tres meses de prisión en suspenso por haber rociado con gas irritante a una nena de 10 años y a su madre durante una manifestación en apoyo a los jubilados, frente al Congreso.
Se trata de la primera condena a un integrante de las fuerzas de seguridad por la represión de protestas durante el gobierno de Javier Milei.
El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2024, cuando Fabrizia Pegoraro estaba sentada junto a su madre, Carla Mariana Pegoraro, sobre la avenida Rivadavia. Ambas se encontraban de espaldas cuando efectivos federales avanzaron para despejar la calle y Rivaldi las alcanzó con gas irritante. La menor debió recibir atención médica en el Hospital Santa Lucía, donde le diagnosticaron conjuntivitis química.
La sentencia determinó la responsabilidad penal del efectivo por incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves contra la niña y su madre. Además de la pena de prisión, Rafecas dispuso su inhabilitación para ejercer funciones policiales durante dos años y seis meses. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 17 de noviembre.
Durante la investigación, Rivaldi sostuvo que no había advertido la presencia de la menor y su madre, y atribuyó el lanzamiento del gas a una persona ajena a las fuerzas federales. Esa versión coincidió con los argumentos que había difundido el entonces Ministerio de Seguridad, cuando Patricia Bullrich responsabilizó a la madre por llevar a la niña a la manifestación y Alejandra Monteoliva sostuvo públicamente que una mujer vestida de naranja había utilizado el gas.
El fiscal Eduardo Taiano había señalado que el accionar policial fue desmedido e injustificado, ya que ambas se encontraban sentadas y no ofrecían resistencia. También sostuvo que Rivaldi incumplió las normas sobre el uso racional de la fuerza y las disposiciones del protocolo de actuación de las fuerzas federales, que establece cuidados especiales ante la presencia de niños.
Tras conocerse la sentencia, el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, afirmó que el fallo representa un primer paso y anticipó que avanzará judicialmente contra Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva. La fiscalía había solicitado un año y seis meses de prisión, mientras que la querella había reclamado un año y ocho meses para el efectivo policial.