La denuncia contra el juez supremo también indica el supuesto delito de “retardo de justicia”, mientras que el titular del Ministerio Público de la Acusación provincial, Sergio Lello Sánchez, fue acusado de “amenazas agravadas y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Por su parte, Baca señaló que no renunciará a su cargo pero, lo que sí hará es «pedir una licencia porque como se va a llevar adelante una investigación» sobre su conducta, pretende «no admitir ningún tipo de sospecha”.
En los audios difundidos hace poco más de una semana por el sitio El Cohete a la Luna, Baca admite que la dirigente social Milagro Sala está presa «no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas».
Además, se lo escucha protestar contra la figura del titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, por las “presiones” que ejercía sobre los jueces en las causas que se le seguían a la líder de la Tupac Amaru.
“Ante la falta de actuación de oficio de la Justicia nos convocamos las diputados del bloque del Frente de Todos a presentar la denuncia penal contra Baca y Lello Sánchez, por lo que esperamos una respuesta concreta, más allá del pedido de juicio político que realizamos”, señaló la diputada Leila Chaher.
Por su parte, la legisladora Mariela Ferreyra sostuvo el sector “hace lo que corresponde como legisladores, que es velar por que se cumpla la ley en la provincia, dado que no vimos reacciones de la justicia sobre la gravedad de los hechos que se conocieron”.
La acusación fue presentada por los legisladores Martín Palmieri, Débora Juárez, Alejandra Cejas, Fátima Tisera, Ferreyra y Chaher.