Una práctica anticonceptiva realizada en el Hospital de Rawson terminó en una investigación judicial por presunta mala praxis. Una joven de 22 años sufrió una necrosis en su brazo izquierdo después de la colocación de un implante subdérmico y debió someterse a una intervención médica para retirarlo.
Por lo ocurrido, la jueza de garantías Laura Martini abrió una investigación penal contra una licenciada en obstetricia, a quien se le atribuye el delito de lesiones graves culposas.
El procedimiento se realizó el 20 de marzo de este año, cuando la paciente concurrió al hospital para colocarse el dispositivo anticonceptivo.
Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, la profesional habría actuado con negligencia al utilizar una sustancia que todavía no fue identificada, en lugar de lidocaína, el anestésico empleado habitualmente para este tipo de prácticas. La investigación busca determinar qué sustancia se utilizó y si existió una actuación negligente que provocara las lesiones.
Durante la audiencia judicial, la joven explicó que las lesiones también afectaron distintos aspectos de su vida personal. Entre ellos, mencionó que lo ocurrido interfirió con los trámites y exámenes médicos que estaba realizando para ingresar a la Policía del Chubut.
También señaló que la experiencia tuvo consecuencias en su relación de confianza con los profesionales de la salud.
La solicitud de apertura de investigación fue presentada por la abogada de la Fiscalía Daiana Sandoval, en representación del Ministerio Público Fiscal de Rawson. El fiscal general a cargo del caso es Leonardo Cheuquemán Levill.
La Fiscalía también incorporó pruebas obtenidas durante un allanamiento realizado en el establecimiento sanitario después de los hechos investigados.
Por su parte, el abogado Emilio Galende, codefensor de la profesional, no presentó objeciones a la apertura de la investigación ni a la calificación legal propuesta.
Tras escuchar a las partes, la jueza Laura Martini dispuso la apertura de la investigación por un plazo de seis meses. Además, instó a la Fiscalía y a la defensa a evaluar la posibilidad de alcanzar una solución alternativa para resolver el conflicto.
La profesional permanece imputada por el delito de lesiones graves culposas. La apertura de la investigación no implica una declaración de culpabilidad, sino el inicio formal de la etapa destinada a determinar las circunstancias de lo ocurrido y las eventuales responsabilidades penales.