Domiciliaria con tobillera para imputado por coimas en el IPV

Maximiliano González está sindicado como el supuesto líder de la banda que pedía dinero para entregar viviendas de planes sociales por fuera de la ley.

Mientras el fiscal Héctor Iturrioz solicitó que se mantuviera la prisión de Maximiliano González, el juez Miguel Caviglia resolvió hacer lugar al pedido de la defensa y otorgó el arresto domiciliario, aunque con tobillera electrónica y bajo responsabilidad de sus padres.

El hecho investigado se remonta aproximadamente a mayo de 2019 cuando –según el fiscal- un grupo de personas, comandados por un funcionario de la Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), Maximiliano González, e integrado por aquel entonces por tres personas ya identificadas, “decidieron asociarse con la única intención de cometer ilícitos”. Los mismos consistían en recaudar dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas o a construirse por el Instituto del que González era agente.

Entre los ilícitos ideados por el clan se incluían la comercialización/venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI; la venta de legajos personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”, cuya adquisición por una suma dineraria suponía –según argüían los integrantes de la banda- la “adjudicación directa” de una finca de este tipo, sorteando la obligación de cumplir el procedimiento establecido por el ente rector.

Otros delitos que se le endilgan a González y sus cómplices son la sustracción de elementos (sello oval) y documentación perteneciente al IPV, a fin de utilizarlos posteriormente para dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda y que entregaban a los ocasionales adquirentes de sus gestiones, así como la falsificación de resoluciones de adjudicación.

En cuanto a las sumas que se pedían para el acceso a viviendas, las mismas iban de los 150.000 a 300.000 pesos.

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