Dos fiscales de Chubut siguen cuestionados

La Cámara Federal de Casación Penal desautorizó un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, ordenando su separación y que continúe la investigación a dos fiscales de Esquel que en 2015 aceptaron información de un miembro de Inteligencia que se había infiltrado entre grupos anti mineros.

El jueves se reunieron en Buenos Aires los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques, Liliana E. Catucci y Eduardo Rafael Riggi, quienes en el marco de la causa “Rivarola, Fernando Luis y otros s/recurso de casación”, decidieron que los imputados María Bottini, Fernando Rivarola, Claudio Rodríguez y Adrián Muñoz deben seguir siendo investigados en la delicada causa que incluye espionaje interno a vecinos que formaban parte del movimiento No a la Mina.

La jueza Catucci dijo que llegaron las actuaciones a conocimiento de esa Cámara a raíz de los recursos de casación deducidos por la querella y por el Fiscal General contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que revocó el procesamiento y sobreseyó a Rodríguez, Muñoz, Rivarola y Bottini.

Explicó que la querella tachó de arbitrario el fallo liberatorio, por haber efectuado una valoración antojadiza de las probanzas y de las responsabilidades de los funcionarios públicos. A su turno, el Fiscal General introdujo los mismos agravios que el anterior y consideró que los imputados conocían que el vínculo que entablaron con el agente de inteligencia era ilegal.

Después de hacer otras consideraciones, la magistrada expuso que se debe anular la resolución recurrida, y propuso hacer lugar a los recursos de casación presentados por la querella y por el Fiscal General; apartar a los magistrados de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que la suscribieron, y remitir las actuaciones a dicha sede a fin de que según corresponda se adopte una nueva resolución.

Mahiques acompañó la postura de Catucci, mientras Riggi votó en disidencia.

EL CASO

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia sobreseyó a los fiscales provinciales Fernando Luis Rivarola y María Bottini, al comisario Adrián Alejandro Muñoz y al oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez, en una causa de espionaje ilegal a vecinos y dirigentes de Esquel.

Los cuatro habían quedado desvinculados, y sólo siguió involucrado el agente de la Agencia Federal de Informaciones (AFI), cuya identidad tiene las iniciales D. C. G., que habría espiado al grupo denunciante que abarcaba a dirigentes, periodistas y militantes por el No a la mina.

En febrero de 2017 el juez federal de Esquel, Guido Otranto, había escrito 64 páginas para explicar las razones por las que los acusaba de haberse relacionado de manera prohibida con el integrante de la AFI, dependiente de la delegación Trelew, que actuó de manera ilegal en la zona cordillerana.

La causa se inició por una denuncia en el Juzgado Federal de Esquel el 31 de agosto de 2015, por los propios Rivarola y Bottini, además de su colega Fernanda Révori que luego fue apartada de la causa. Los fiscales estaban a cargo de investigar la ocupación de un predio de la Compañía Tierras del Sud Argentino, en la zona de Leleque.

En ese marco, el 28 de mayo de 2015, la sede del Ministerio Público Fiscal de Esquel fue escenario de una reunión entre los fiscales Rivarola y Bottini con una persona que se identificó con una credencial de la Delegación Trelew de la AFI.

El agente manifestó a los fiscales que desde hacía más de un año trabajaba con el grupo mapuche que había realizado la ocupación territorial, y ofreció aportar información para identificar a esas personas.

Los fiscales aceptaron el ofrecimiento, y descargaron el disco externo del espía a la computadora del fiscal Rivarola. En junio esa información fue entregada en un “pendrive” a la defensora pública Paola Bagnato, y el 28 de agosto tomó estado público cuando el defensor público Fernando Radziwilowski, durante una audiencia, hizo referencia a su contenido.

El juez consideró comprobado que el espía llegó a la región cordillerana el mismo día en que comenzó la ocupación territorial en Leleque (marzo de 2015), y se involucró activamente en la investigación de la Brigada de Esquel.

El espía fue al lugar y fotografió a las personas que ocupaban el predio, y a otras que fueron en el momento en que la Policía intentaba identificarlos; tomó datos de los vehículos; realizó averiguaciones para identificar a todas estas personas; se comunicó con el teléfono que usarían los ocupantes del predio y hasta obtuvo la titularidad de los celulares, identificando de ese modo a una mujer relacionada al movimiento “No a la mina”.

Fuente: Diario Jornada

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