Como cada año, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dio a conocer la síntesis de las actividades que en 2019 desarrollaron sus integrantes titulares, los jueces Nora Cabrera de Monella y Enrique Jorge Guanziroli, con la colaboración de sus colegas de los tribunales de Tierra del Fuego y Santa Cruz, Ana María D’Alessio y Luis Alberto Giménez, de Ushuaia; Mario Gabriel Reynaldi, Alejandro Joaquín Ruggero y Jorge Chávez, de Río Gallegos.
Los jueces de esas otras dos jurisdicciones fueron designados ocasionalmente para cada juicio concreto por la Cámara Federal de Casación para integrar ese órgano judicial por la vacante de una vocalía desde mayo de 2017, con la usual asistencia de los secretarios del cuerpo, Raúl Tótaro y Marta Gutiérrez.
Durante 2019 se realizaron 78 debates que involucraron 75,64% infracciones a la ley 23.737 de drogas, de los cuales 62,71% se refirieron a casos de comercio, transporte, cultivo o tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y también a organizaciones dedicadas a esos delitos.
Mientras, el juzgamiento de casos menos graves, como tenencia simple o suministro de drogas ilegales fueron del 33,89 % y el 3,38 %, de manera respectiva. Allí se destacan seis sentencias absolutorias por siembra, cultivo y tenencia para consumo personal de marihuana, aplicando el fallo Arriola de la Corte Suprema que exime de aplicar pena en ciertos casos.
En definitiva, se resolvieron las situaciones judiciales de 123 veintitrés personas que se encontraban encausadas en 59 procesos.
OTROS DELITOS
Asimismo, en 2019 se llevaron a cabo casi 20 debates, en numerosas audiencias orales para juzgar causas de trata de personas, promoción y facilitación de la prostitución, corrupción de menores de edad, estafas, que involucraron a víctimas privadas y públicas, falsedades en documentos públicos nacionales, defraudaciones a las rentas nacionales y contrabandos, apremios ilegales y delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Los jueces dictaron 78 sentencias definitivas, derivadas de los debates procesales usuales, los juicios abreviados, declaración de extinción de la acción penal por muerte del denunciado y cumplimiento por los procesados, de las pautas por ellos fijadas como condición para suspenderles el juicio a prueba, por flagrancia, conciliación entre las partes y unificación de varias condenas recaídas al mismo penado.
Se resolvió así la situación de 149 personas, que estaban ligadas a los procesos, con un total de 64 condenas de prisión a cumplir, de 28 con prisión suspendida si se cumplen ciertas condiciones por ellos fijadas, 46 absoluciones libres de culpa y cargo y 11 sobreseimientos por diferentes razones.
Treinta de las sentencias definitivas fueron dictadas por el tribunal en pleno presidido alternativamente por los jueves Cabrera de Monella o Guanziroli en cada caso y 48, luego de un proceso dirigido por un juez unipersonal, según las leyes dictadas últimamente que lo facultan.
Se firmaron 266 sentencias de trámite y en nueve procesos se suspendió el juicio, a prueba de la conducta del involucrado. Esa suspensión se aplicó en casos como simple tenencia o consumo de drogas prohibidas o falsificación de documentos y a quienes carecían de antecedentes penales y cumplieron un régimen especial judicialmente impuesto de comportamiento, pagaron daños causados y multa y llevaron a cabo trabajos comunitarios gratuitos en diferentes lugares públicos de la región, sin entorpecer sus tareas personales, que ascendieron a 800 horas gratis de servicios, para librarse del juicio.
Asimismo, ingresaron en el trascurso del año pasado 115 nuevos expedientes penales, con numerosas personas procesadas privadas de libertad o excarceladas, provenientes de los juzgados federales de primera instancia de Rawson, Comodoro Rivadavia y Esquel, que representan un caudal significativo por su complejidad, articulación de incidentes, volumen y extensión, cantidad de efectos, testigos involucrados, siete de las cuales, por el trámite impuesto por la ley de flagrancia, obtuvieron pronta resolución.
DECOMISOS
Se decomisaron definitivamente un total de 20 kilos de cocaína y 103 kilos de marihuana, junto con semillas y numerosas plantas de esta última, importante cantidad de pastillas de éxtasis y otros medicamentos restringidos de venta con receta archivada. Todo lo decomisado será objeto de próxima incineración y destrucción total, luego de las pericias correspondientes, en un sitio y momento a determinar por el secretario del tribunal.
Además se impusieron multas que ascienden a la suma de $ 297.275 y 725 unidades económicas fijas que según la reciente ley 27.302 ascienden aproximadamente, a valor actual del formulario, a pesos 3.915.000. El dinero decomisado ascendió a una notable cantidad que se deposita en bancos nacionales. También fueron once los vehículos secuestrados y tres inmuebles en los diferentes procesos.