Este lunes, a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se confirmó la anulación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y cuatro decretos delegados. La medida refleja el intento del Poder Legislativo de limitar la gobernabilidad del Presidente a través de decretos, en un contexto de falta de consensos con la oposición.
El rechazo parlamentario, formalizado con las firmas de Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados) y Victoria Villarruel (Presidenta del Senado), abarca una serie de normativas que modificaban la estructura y funcionamiento de varios organismos y sectores clave:
Régimen de la Marina Mercante Nacional: Se revocó un DNU que declaraba como servicio esencial a la navegación de agua marítima, lo cual limitaba el derecho a huelga de los trabajadores.
Reorganización de la Administración Pública: Se anuló la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, así como la transformación del Instituto Nacional del Teatro en una unidad dependiente de la Secretaría de Cultura.
Cierre y reestructuración de organismos: El Congreso echó por tierra la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la reestructuración de importantes institutos como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).
Disolución de la ARICCAME: Se oficializó el rechazo a la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal.
Reestructuración del BNDG: También se revocó la reestructuración del Banco Nacional de Datos Genéticos, que había pasado a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Este conjunto de rechazos demuestra la postura del Congreso de exigir al Poder Ejecutivo la búsqueda de acuerdos legislativos en lugar de utilizar la vía de los decretos.