El incidente del martes, cuando se desplomó un tanque de almacenamiento petrolero en la Planta Deshidratadora de YPF en Km 9, dejó al descubierto una serie de puntos débiles desde el punto de vista normativo y de poder de control que la comuna, e incluso la Provincia, tienen sobre la industria petrolera y su desarrollo en el territorio.
El hecho de que haya múltiples actores al momento del control no simplifica las cosas. El Ministerio de Hidrocarburos es contralor, en el marco de los planes de inversión, de certificar que se destinaron los fondos comprometidos al mantenimiento, además de los controles netamente ambientales que recaen sobre las carteras específicas de Provincia y municipio. Y a ellos debe sumarse la Secretaría de Energía de Nación, que también tiene sus eslabones, centrales en este caso, en un intrincado y plural proceso de control que serán claves al momento de determinar si lo del martes se trató de un accidente o hubo negligencia y falta de mantenimiento, o deslindar responsabilidades en caso de que la respuesta sea la última.
Sobre los controles en el caso específico de los tanques de almacenamiento aéreo, Fabián Suárez -subsecretario municipal de Ambiente- explicó que están regidos por normativa de la secretaría nacional mencionada, con sede en Buenos Aires, como es el caso de la resolución 785 y complementarias.
Cada operadora debe cumplir con esa normativa y luego es auditada, tanto desde el punto de vista ambiental como de ingeniería, por una universidad que integre el registro de evaluadores ambientales de tanques.
Dado que la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco no está incluida en ese registro, quien efectúa los controles en el caso de Chubut en la Universidad Nacional Patagonia Austral (UNPA), con sede central en Río Gallegos. Para el caso puntual del desarrollo que colapsó el martes, la UNPA audita los tanques en sociedad con una consultora ubicada en la provincia de Buenos Aires.