El incendio de esta madrugada en la delegación comodorense del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sorprendió e impactó a la sociedad. Se produjo pocas horas después de una serie de allanamientos motivados por denuncias de presuntas estafas a la hora de adjudicar viviendas y por el cual hay una mujer detenida, Griselda Jonás, quien hoy tendrá audiencia de control de detención.
Todo indica que el incendio de esta madrugada fue intencional y ahora se analiza si fue afectada documentación relacionada con la causa que motivó el jueves los allanamientos, los cuales fueron conducidos por el fiscal Héctor Iturrioz. No había custodia especial en el edificio público.
“Me dijo el delegado que acá no vinieron”, indicó la gerenta del IPV, Ivana Papaiani, en LaCienPuntoUno, acotando que “confío ampliamente en el accionar de la justicia para desenmascarar lo que sucedió en el interior de la delegación”.
Luego resaltó que “lo de ayer estaba vinculado a lo de Comodoro. Lamentamos que no se haya hecho al mismo tiempo el allanamiento donde estaban los legajos”.
Es que mientras se efectuaron este jueves varias diligencias en domicilios particulares de Comodoro y Rawson, la Justicia no actuó en la delegación del IPV ubicada en Km 3. Apenas terminaron los allanamientos en esta ciudad, el fiscal que instruye la causa viajó a Rawson y ofreció una conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad, Federico Massoni. Allí elogió a la policía por hacer su tarea pese al atraso salarial y la comparó con la situación de David González, el defensor de los Derechos del Adulto Mayor que cobra sin trabajar hace nueve meses. Justamente él decidió investigar de oficio esta anomalía.
ANTECEDENTES
“No he tenido contacto aún con el delegado (Juan Martín Iparraguirre). Estoy esperando informe. El había hecho denuncias el año pasado. Separamos del cargo a un empleado de ahí. En la actuación de la justicia se verá la implicancia con la mujer detenida y ver si había un grupo más de gestores que estafaban a la gente”, apuntó Papaiani.
La funcionaria aclaró que Griselda Jonás “no tenía ningún contacto con el IPV, pero hay relatos que dicen que se vinculaba con alguien. Esto está circunscripto a un plan de viviendas de kilómetro 12, de entidades intermedias que son las que traen el listado. Desde la conducción revisamos que los beneficiarios que las entidades traen reúnan los requisitos. Así adjudicamos varias viviendas a la CGT; a jerárquicos municipales y a otras entidades”.
El jueves se realizaron cinco allanamientos en Comodoro y uno en Rawson y de acuerdo a lo que trascendió en principio Griselda Jonás trabajaba con un grupo de gestores a los que les daba una comisión y “había al menos dos personas vinculadas al IPV”. Uno de los funcionarios “estaría atravesando un proceso sumarial y estaría suspendido ya que podría tener alguna otra causa judicial”, dijo Iturrioz en la conferencia de prensa que compartió en Rawson con Massoni.
Y además aclaró que son entre 100 y 200 carpetas las que ya se habían vendido. “Nos aportaron fotografías, videos e intercambio de mensajes. La mujer ingresaba a los barrios y muchos pensaban que era del IPV. Ella aclaraba que trabajaba para alguien del IPV”, dijo, mientras indicó que “exigía el pago en mano y no por transferencia; aceptaba dólares”. Llegaba a cobrar hasta 300 mil pesos por persona.