El Poder Ejecutivo tiene listo para publicar en las próximas horas el decreto que impulsa una profunda reestructuración del área agrícola e industrial, con la eliminación de varias dependencias clave y la desjerarquización de otras. Entre los organismos que desaparecerán figuran el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAF) y la agencia regulatoria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (Ariccame).
Asimismo, perderán su estatus actual el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que pasarán a ser unidades organizativas con menor autonomía y capacidad de gestión, bajo el control de distintas secretarías ministeriales.
La decisión se enmarca en la emergencia pública dictada por la Ley Bases, que habilitó al Gobierno a modificar la estructura estatal por un plazo de un año, el cual está próximo a finalizar. En caso de buscar nuevas reformas más adelante, el Ejecutivo debería contar con la aprobación del Congreso.
El decreto sostiene que la reestructuración apunta a reducir el “sobredimensionamiento de la estructura estatal” y mejorar la “gestión pública eficaz”. Sin embargo, elimina o degrada instituciones orientadas a promover la integración económica de sectores vulnerables, el desarrollo regional y el acceso a insumos estratégicos como las semillas.
En el caso del INTA, además de transformarlo en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, el decreto le quita autonomía financiera, elimina su capacidad para crear campos de demostración o servicios de extensión, y concentra la conducción en un presidente designado por el Ejecutivo, desplazando al actual directorio colegiado de diez integrantes, del que formaban parte representantes universitarios.
Una argumentación similar se aplica al INV y al INTI, a los que se atribuye ineficiencia y falta de adaptación a las necesidades actuales. Por ello, también perderán su autarquía y quedarán bajo la órbita de las respectivas secretarías ministeriales.
En total, la medida podría afectar a 88.095 agentes públicos de 111 organismos entre descentralizados y desconcentrados. Para el Gobierno, se trata de un paso necesario en la reducción del gasto público, mientras que organizaciones rurales e industriales ya anticipan cuestionamientos sobre el impacto de esta poda institucional.