La decisión quedó formalizada a través de la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y había sido anticipada días atrás por la administración de Javier Milei.
Según el texto oficial, la Fuerza Quds —una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica— está especializada en el entrenamiento y ejecución de operaciones terroristas fuera de Irán, y fue responsable de acciones que afectaron directamente a la Argentina durante la década de 1990.
Entre los fundamentos, el Gobierno recordó que el país fue víctima de ataques terroristas en Buenos Aires, en referencia a los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).
La resolución también subraya el rol de Ahmad Vahidi, quien estuvo al frente de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998 y es señalado como autor intelectual del atentado a la AMIA. Vahidi cuenta con una alerta roja de Interpol, y el Gobierno argentino volvió a cuestionar la falta de cooperación del Estado iraní para avanzar en su juzgamiento.
La medida se apoya en convenciones y tratados internacionales suscriptos por la Argentina —como la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo—, además de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y la legislación nacional vigente.
La decisión generó una fuerte reacción del gobierno de Irán, que respondió con duras críticas en un contexto de creciente tensión diplomática y de una situación interna marcada por conflictos políticos y represión estatal.
Desde el Ejecutivo argentino señalaron que la inclusión de la Fuerza Quds en el RePET busca reforzar los mecanismos de prevención, detección y sanción del terrorismo y su financiamiento, y ratifica la posición del país en materia de cooperación internacional contra este tipo de delitos.