La decisión, que se conoció este lunes a través del Decreto 373/2025, delega esta responsabilidad a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, modifica la Ley 27.654, que hasta ahora garantizaba los derechos de las personas sin techo y de quienes se encuentran en riesgo de perder su vivienda.
Según lo establecido en la nueva normativa, el Estado nacional se posicionará ahora como un "órgano rector", limitándose a la aprobación de directrices y lineamientos generales en la materia. Su rol pasará a ser subsidiario, brindando asistencia a las jurisdicciones locales únicamente en caso de que sus capacidades resulten insuficientes. Esto implica que la Nación solo podrá asistir técnica o financieramente cuando las provincias y la Ciudad de Buenos Aires no dispongan de los recursos necesarios, promoviendo la equidad y coherencia en el abordaje estatal.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano ha sido designada como la nueva autoridad de aplicación. Sus funciones incluirán la coordinación de acciones entre las distintas jurisdicciones y el monitoreo del uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional.
De esta manera, la ejecución directa de las políticas de asistencia quedará en manos de cada jurisdicción, mientras que el Estado nacional se encargará de elaborar pautas generales y participar de manera subsidiaria en situaciones donde se verifique una falta de recursos técnicos, humanos o económicos a nivel local. La medida ha generado un fuerte debate en un contexto de bajas temperaturas y un aumento en la cantidad de personas que viven en la calle.