En un foro organizado por CIPPEC, el secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, destacó que esta reglamentación permitirá un Estado menos intervencionista, afirmando que "será un Estado que se ata de manos, se corre del intervencionismo y deja de decirle al privado a quién le puede exportar". Esta declaración se produce en un contexto donde la industria de los hidrocarburos busca mayor libertad y certidumbre para atraer inversiones.
La ley Bases, publicada el 8 de julio de 2024 y firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, introduce dos cambios esenciales para la industria. Uno de los aspectos más relevantes de esta reglamentación se centra en el Artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, que regula la comercialización de hidrocarburos y sus derivados, promoviendo un enfoque que reduce la intervención estatal y facilita la participación del sector privado.
Entre las principales medidas reglamentadas se encuentran:
Libre mercado y competencia: Se establece la necesidad de precios energéticos transparentes y alineados con los valores internacionales, lo que generará certidumbre para los inversores.
Libertad en el comercio exterior: Se garantiza la libertad para exportar hidrocarburos, permitiendo que la Secretaría de Energía solo objete exportaciones en casos excepcionales que pongan en riesgo la seguridad del suministro interno.
Seguridad jurídica en exportaciones: Las exportaciones no objetadas no podrán ser interrumpidas, asegurando estabilidad para los acuerdos comerciales internacionales.
Esta reglamentación se produce en un momento clave, ya que YPF y seis socios han inscrito el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) por casi 3.000 millones de dólares, con el objetivo de exportar más de 700.000 barriles de petróleo en 2028.
Con esta nueva normativa, el Gobierno busca liberar el potencial del sector energético argentino, creando un entorno de reglas claras que maximicen las inversiones en recursos estratégicos como Vaca Muerta, posicionando al país como un referente global en la producción de hidrocarburos. La intención es que el Estado actúe como facilitador del desarrollo energético, promoviendo la eficiencia, la innovación y el crecimiento económico a través del liderazgo del sector privado.