Según trascendió, la decisión fue comunicada mediante un mensaje interno en el que se informó que se quitarían de manera preventiva las huellas dactilares habilitantes para el acceso de la prensa acreditada.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la medida responde a cuestiones preventivas vinculadas a una denuncia por presunto espionaje ilegal.
La resolución se conoció un día después de que la Casa Militar denunciara a dos periodistas por ese supuesto hecho.
La decisión despertó cuestionamientos por tratarse de una restricción al acceso habitual de trabajadores de prensa que cubren diariamente la actividad oficial en sede gubernamental.
Hasta el momento no se informaron detalles sobre cuánto tiempo se mantendrá la medida ni cómo continuará el sistema de acreditaciones.