El Gobierno tiene cinco días para restablecer servicios de Seros

Así lo dictaminó el juez Martín Alesi, de Rawson. Le exigió al Poder Ejecutivo que le pague al ISSyS para normalizar las prestaciones.

La Justicia le ordenó al Gobierno provincial que en un plazo de cinco días le pague lo necesario al Instituto de Seguridad Social y Seguros para restablecer las prestaciones médicas a los empleados públicos chubutenses. La medida cautelar la decidió el juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, tras el amparo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Además trasladó la demanda al ISSyS y a la Provincia, que serán citadas.

Alesi advirtió sobre una regla básica del sistema provincial de seguridad social: los fondos para financiar las prestaciones no se pueden tocar. “La protección que dispensa la Constitución local y la ley a los recursos que integran el fondo de financiamiento de la obra social impone un notable límite a la discrecionalidad del Estado Provincial, ya que ese gasto público no puede ser destinado a fines distintos (…) El Estado Provincial debe ingresar al Instituto las sumas adeudadas en concepto de aportes y contribuciones, en lugar de confiscarlas como sucede desde hace años. Con los recursos del sistema de seguridad social la Constitución no tolera ningún desdoblamiento”, dice el fallo.

Según el fallo, garantizar el derecho a la salud “exige el desembolso de enormes sumas de dinero, de modo que una gestión administrativa eficiente del Instituto exige recaudar para alcanzar el nivel de inversión social definido por la propia ley”.

Alesi consideró que condenar solamente a al ISSyS no servirá para restablecer rápido las prestaciones, debido al “actual déficit financiero del Instituto originado en la falta de ingreso de sus fondos por parte del Estado”. Si no se incluye al Gobierno en la demanda, “el Instituto se verá en la imposibilidad material de cumplir prontamente con las prestaciones médico-asistenciales a que tienen derecho los afiliados, quedando solo la alternativa de iniciar los procedimientos de cobro previstos legalmente”.

Ante la “vulneración masiva” al derecho de los afiliados y pese a que reconoció el esfuerzo de Fontana 50 para una solución, el juez dispuso de oficio un plazo de cinco días para que Provincia le pague a Seros y así evitar “que se produzca o continúe el daño”, publicó diario Jornada.

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