El miércoles se abre la investigación por la presunta defraudación durante la emergencia climática

El miércoles a las 9:30, en la sede del Superior Tribunal de Justicia, se realizará la audiencia de apertura de investigación de la causa judicial por la que se investiga la defraudación que funcionarios provinciales habrían cometido con dinero que el Estado chubutense destinó para atender la emergencia climática de Comodoro Rivadavia. En la causa serán imputados los entonces ministros de Familia, Leticia Huichaqueo y de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino, así como el número dos de Familia, Marcelo Suárez y los entonces responsables de la Unidad Gobernador, Diego Correa y Diego Lüthers.

La causa por la que se investiga el posible delito de fraude que durante la emergencia climática que vivió Comodoro Rivadavia entre fines de marzo y principios de abril de 2017 habría cometido un grupo de funcionarios provinciales tendrá el miércoles un día clave cuando, a partir de las 9.30, se celebre en Rawson la audiencia de apertura de la investigación.

Por esta causa, que comenzó con la denuncia que efectuaron diputados provinciales del Frente para la Victoria, por eventuales sobreprecios en algunas de las compras que se realizaron para atender las demandas del temporal, serán imputados los entonces ministros Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino; de Familia, Leticia Huichaqueo, su segundo, Marcelo Suárez, y los responsables de la Unidad Gobernador: Diego Correa y Diego Lüthers. Estos dos últimos están detenidos con prisión preventiva por los delitos de defraudación al Estado que se investigan en otras dos causas, denominadas “El Embrujo” y “Revelación”.

Esas dos causas, por las que también están detenidos otros exfuncionarios provinciales como Víctor Cisterna, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, y empresarios de la construcción, comenzaron a partir de la investigación que los fiscales hicieron por la denuncia sobre eventuales sobreprecios durante el temporal.

DEFRAUDACION

A todos los mencionados se les imputa el delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con la figura de concusión, en la modalidad de delito continuado, en calidad de coautores”. La calificación, que en principio supondría que las eventuales condenas no impliquen pena de prisión efectiva, puede ir mutando con el transcurrir del proceso judicial.

“En este caso no podemos hablar de asociación ilícita, pero sí vemos claro que los funcionarios aprovecharon la emergencia para llevar adelante maniobras para quedarse con dinero que, en principio, estaba destinado a compras para el temporal”, remarcó a El Patagónico el fiscal Omar Rodríguez.

El mismo fiscal indicó que, si bien el monto total del dinero que se destinó desde el Estado para atender la emergencia fueron 46 millones de pesos, hasta el momento se pudo certificar que los funcionarios se habrían quedado con 800.000 pesos, monto que surge de supuestas compras fraguadas que pactarían con comerciantes, quienes se habrían prestado a la maniobra porque solo así iban a poder cobrar las deudas que Provincia ya tenía con ellos.

Según las pesquisas de los fiscales “los hechos por los cuales se los imputa a los mencionados dan cuenta que el día 29 de marzo del año 2017, a partir de las 18 horas, nuestra provincia del Chubut sufrió un fuerte temporal de lluvia, con precipitaciones récord para la zona, el cual se extendió por varios días. Como consecuencia de ello, la ciudad de Comodoro Rivadavia, sufrió enormes pérdidas materiales, entre bienes públicos y privados, obligando a la evacuación de un gran número de residentes de la ciudad petrolera por anegación y en algunos casos por destrucción de las viviendas en que moraban”.

Los fiscales pusieron especial atención en dos decretos que el entonces gobernador Mario Das Neves firmó el 30 de marzo del 2017, el 353/17, y el 387/17 que se firmó el 5 de abril y por los que se declaró la emergencia y se dispuso la utilización de 10 millones de pesos para atenderla. A la vez, se encomendó al ministro de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino, a tramitar, aprobar y contratar sin requisito de orden de compra, suscripción de contrato, ni requerimientos de garantías.

El 7 de abril, por el decreto 409/17 se amplió el Crédito Especial denominado Fondo de Emergencia Climática por otros diez millones de pesos en los mismos términos que el Decreto N° 353/17.

Los fiscales aseguran que, en ese contexto, Diego Correa, Diego Lüthers, Alberto Gilardino, Marcelo Suárez y Leticia Huichaqueo, con pleno dominio de hecho y división de funciones, pergeñaron un plan para defraudar al Estado provincial, realizando todos ellos aportes esenciales en el tramo ejecutivo para alcanzar el fin propuesto.

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