La maniobra

Según la imputación de la Fiscalía, para llevar adelante la defraudación, y quedarse con los fondos destinados a atender las necesidades de la población durante el temporal, los funcionarios necesitaban –en primera instancia- darle visos de legalidad a los expedientes apócrifos que se iban generando en el marco de las contrataciones directas.

Por esa razón, en todos los expedientes analizados aparece la firma de Marcelo Suárez, al pie de los memorándum, los cuales eran dirigidos a Diego Correa, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social a la Subsecretaría Unidad Gobernador, para solicitar que se autorice el pago de la adquisición de materiales, necesarios en la emergencia.

Una vez que dicha documentación llegaba a destino -según la Fiscalía-, la directora general de Despacho y Privada le daba ingreso formal, asignándole el número de expediente respectivo. Luego pasaba por las manos de Diego Correa y Alberto Gilardino quienes autorizaban lo solicitado por Suárez, para luego proseguir el trámite administrativo en miras a ser pagado, que en la práctica no se compraba.

Las compras, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, se canalizaron a través de la Unidad Gobernador. Desde allí se seleccionaba a los proveedores con quienes contratar. El proveedor entregaba la factura respectiva a Diego Lüthers y este a través una la persona que prestaba servicios en la Unidad de Gobernador, las remitía a la Subsecretaría de Desarrollo Social, para el armado del memorándum.

Marcelo Suárez, conociendo perfectamente que no era la Subsecretaría de la que él era responsable, la que compraba o adquiría los productos necesarios para la Emergencia, firmaba como si así hubiese ocurrido. Es decir, firmaba sabedor que el contenido del memorándum era absolutamente falso, manifiesta la Fiscalía.

En este contexto, luego de haberse llevado a cabo algunas contrataciones de manera normal, en ese marco de emergencia, y existiendo en algunos casos saldos a cobrar por parte del proveedor, en función del plan concreto, Diego Lüthers, secretario privado de Diego Correa, presionaba a los comerciantes para que les cedieran facturas para poder cobrar las deudas anteriores, indica el Ministerio Público.

De acuerdo a la investigación fiscal, la ministro de Familia, Leticia Huichaqueo, fue un eslabón fundamental para completar la maniobra, ya que era la que terminaba certificando, presuntamente a través de la encargada de depósito, Vanina Barale, el ingreso de mercadería que –en realidad- no se había movido de los depósitos de los comercios y que nunca se compró ni llegó para atender las demandas del temporal.

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