El panadero recuperó la libertad tras ser imputado por homicidio agravado

El panadero que el miércoles mató a un presunto ladrón en una panadería del barrio Isidro Quiroga, fue imputado ayer por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la Fiscalía tendrá seis meses para culminar con la investigación. Su defensora cuestionó la calificación legal porque entiende que el crimen se produjo en medio de una acción de legítima defensa. La jueza ordenó la presentación del imputado ante un órgano de control mientras dure la investigación.

La audiencia de control de detención y apertura de la investigación por el homicidio de Nicolás Usqueda, se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y fue presidida por la jueza penal de turno, Mariel Suárez, El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general, Adrián Cabral, mientras que el imputado, J.L.S., fue asistido por la defensora pública, Lucía Pettinari.

En ese contexto la parte acusadora solicitó que se declarara legal la detención y se formalice la apertura de investigación preparatoria en contra de J.L.S. por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ello, por el caso ocurrido el miércoles último en la panadería La Cordillerana, donde de acuerdo con el relato presentado en la audiencia de ayer, Usqueda ingresó armado en compañía de Nicolás Silva y asaltaron a la empleada, robándole dinero y el teléfono celular de la trabajadora.

En ese contexto fue que el propietario del comercio hizo uso del arma de fuego que tenía en el local y le dio muerte a Usqueda, quien quedó tirado en la vereda. La policía secuestró un arma de fuego que halló en poder del fallecido.

A unas tres cuadras del lugar fue detenido su presunto cómplice, Nicolás Silva (19), quien ayer en otra audiencia también fue imputado y en su caso por robo agravado por el uso de arma, en calidad de coautor.

El fiscal solicitó un plazo de seis meses para culminar con la investigación y pidió presentaciones para el panadero ante un órgano de control.

A su turno, la defensora pública, Lucía Pettinari, cuestionó la calificación jurídica que escogió la parte acusadora y sostuvo que el caso debió encuadrarse bajo la figura de legítima defensa. De todas maneras las partes coincidieron en que la calificación podría mutar con el devenir de la investigación.

Tras escuchar a las partes, la jueza declaró legal la investigación y la formalizó con la calificación propuesta por el fiscal Cabral. La magistrada autorizó los seis meses solicitados por la parte investigadora y ordenó presentaciones del imputado ante la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia.

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