El perjuicio contra la provincia por las causas de corrupción se estima en 800 millones de pesos

Son once las causas que investiga la Unidad de Anticorrupción, varias de ellas relacionadas entre sí. Desde el Ministerio Público Fiscal aseguran que el perjuicio contra el Estado provincial se calcula en unos 800 millones de pesos. Hay funcionarios, exfuncionarios y empresarios involucrados en sospechas de asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación al Estado, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

El 7 de marzo cuando la Policía de Chubut detuvo al entonces funcionario de la Unidad Gobernador, Diego Correa, y al por entonces secretario privado de Gobernación, Diego Lüthers, nadie sospechaba que la causa “El Embrujo”, tal como se la denominó, terminaría en más de 10 investigaciones por diferentes delitos contra la administración pública que involucran a funcionarios, exfuncionarios y empresarios.

Asociación ilícita, lavado dinero, defraudación al Estado y enriquecimiento ilícito son algunas de las causas que por estos días llevan adelante los fiscales Omar Rodríguez, Alex Williams, Héctor Iturrioz, Marcos Nápoli, Daniel Báez y Jorge Bugueño, quienes integran un equipo encabezado por el procurador Jorge Miquelarena. También intervienen los técnicos y contadores del Equipo Técnico Multidisciplinario, entre los que se encuentran los contadores José Luis Velázquez y Viviana Karlem.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que el perjuicio contra el Estado provincial se estima que supera los 800 millones de pesos.

EL SOBRE “BOMBA”

Las investigaciones por “El Embrujo”, la causa madre, se iniciaron por un sobre con documentación que fue dejado en la Legislatura provincial. Esos documentos derivaron en una denuncia que realizaron los diputados Alejandra Marcilla, Blas Meza Evans y Gabriela Dufour, por un presunto caso de corrupción en el marco de la emergencia climática que vivió Comodoro Rivadavia el año pasado.

Por esa investigación, el 7 de marzo fueron detenidos Correa, su esposa Natalia Mc Leod, Lüters, Sandro Figueroa y Juan Carlos Ramón. Luego fue detenida Daniela Souza y el empresario Federico Gatica, quien resultó imputado del delito de lavado de activos. Mientras que Correa está sospechado como el jefe de una “asociación ilícita en perjuicio de la administración pública”. Pero esa fue sola la punta del iceberg.

La Justicia también investiga contrataciones directas, por un monto de 260 millones de pesos, de cuatro obras eléctricas que se habrían efectuado de manera irregular. Esa causa se encuentra en etapa de investigación y pesquisa en torno a funcionarios, exfuncionarios y empresarios.

El hallazgo de una lista donde figuran nombres, fechas y montos de dinero, también abrió una investigación por presunto pago de “sobresueldos” bajo la figura de enriquecimiento ilícito. Esa causa tiene a funcionarios, exfuncionarios y sus parientes bajo sospecha. También investiga a empresarios, ya que se presume que el dinero de esos “sobresueldos” provenía de supuestos “retornos” derivados de obras públicas.

Otra causa que también afecta en forma directa a Comodoro Rivadavia está vinculada a cámaras de seguridad.

La denuncia fue presentada por el secretario de Seguridad, Federico Massoni y avalada por la Fiscalía de Estado.

Se investiga la contratación directa de la empresa Global View por 34 millones de pesos. Según los denunciantes las cámaras de seguridad adquiridas para el Centro de Monitoreo fueron entregadas obsoletas y no funcionan.

La Unidad Anticorrupción también investiga una denuncia por el presunto uso de aviones oficiales, así como compras de insumos para los mismos, y recientemente inició un expediente contra Oscar “Chito” Alarcón, exdirector de Ceremonial y Protocolo, quien fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y presuntas maniobras de lavado de dinero que podrían haber originado un enriquecimiento ilícito.

La Justicia investiga cómo el ahora exfuncionario pudo costear con su actividad presuntas propiedades en Playa Unión, la cordillera y un edificio valuado en 10 millones de pesos.

Otro exfuncionario investigado es el expresidente del ISSyS, quien está imputado por “negociaciones incompatibles con la función pública en la modalidad de delito continuado” por contrataciones con SEPAT y Dual Core, dos empresas que pertenecerían a Correa.

También se investiga al empresario Fabricio Parra, de “JR Automotores”, por presunto “encubrimiento” y por obstaculizar una investigación judicial y favorecer el traslado de un vehículo de Diego Correa. Y al gerente de relaciones institucionales de Lotería de Chubut, Josué Dahhur, por la contratación de una empresa de sonido que sería de su propiedad.

Los fiscales además investigan la intervención de la Dirección de Viviendas Oficiales en presuntas maniobras defraudatorias, ya que se habría autorizado reparaciones sin los controles correspondientes, legajo que también se desprende de “El Embrujo” como causa madre.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario


Las Más Leídas del Patagónico