El Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó la condena a 20 años de prisión contra el efectivo policial Simón Cruz por el homicidio de Lautaro Labbe, el adolescente baleado por la espalda durante un procedimiento policial ocurrido en 2023 en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia.
La resolución fue dictada días atrás por el máximo tribunal provincial, integrado por los ministros Andrés Giacomone, Camila Lucía Banfi Saavedra, Javier Gastón Raidán, Mario Luis Vivas, Silvia Alejandra Bustos y Ricardo Alberto Napolitani.
Los jueces ratificaron tanto la responsabilidad penal de Cruz como la pena readecuada previamente por la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia, que había reducido la condena original de 22 a 20 años de prisión.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de abril de 2023, cuando una comitiva policial acudió al cruce de calles Los Claveles y Huergo, en el barrio San Martín, tras un alerta por supuestos intentos de apertura de vehículos.
Según la acusación sostenida por la fiscalía durante el juicio por jurados, dos menores comenzaron a correr al advertir la presencia policial e ingresaron a un pasaje interno del barrio. Uno de ellos logró escapar, mientras que Lautaro Labbe fue alcanzado por un disparo efectuado por Cruz.
La investigación determinó que el efectivo extrajo su arma reglamentaria y disparó por la espalda contra el adolescente, impactándolo en la nuca, pese a que no existía una situación de peligro inminente ni riesgo para el personal policial.
Lautaro permaneció internado durante ocho días hasta que finalmente falleció producto de la grave herida de arma de fuego.
Juicio por jurados y condena
El 29 de agosto de 2025, un jurado popular declaró culpable a Simón Cruz por el homicidio del menor, en el marco de un proceso encabezado por el fiscal general Julio Puentes y el funcionario de fiscalía Franco Tavano.
Posteriormente, el juez técnico impuso una condena de 22 años de prisión, aunque meses más tarde la Cámara Penal local resolvió reducirla a 20 años.
Con la resolución del Superior Tribunal, la sentencia quedó firme a nivel provincial y se confirmó la responsabilidad del uniformado en uno de los casos de violencia institucional más impactantes registrados en Comodoro durante los últimos años.