En la Casa del Niño hay menores de 2 años y otros que están allí más de seis meses

La situación de emergencia que se vive en la institución motivó que este jueves el tema se tratara en la sesión del Concejo Deliberante. Al respecto, se presentó un proyecto para que el Gobierno provincial dé soluciones satisfactorias.

Por iniciativa de los concejales de Arriba Chubut y del Partido Libertario de Omar Lattanzio, se presentó en la sesión de este jueves del Concejo Deliberante un proyecto de Expresión de Deseos dirigido al Gobierno provincial. En el mismo, se resaltan las situaciones que llevaron a que en la actualidad la Casa del Niño atraviese por una situación de emergencia.

La iniciativa fue derivada a la Comisión del Niño y Otros Sectores Sensibles. Allí se recuerda que fue la Oficina de Derechos y Garantías de las Niñez Adolescencia y Familia (ODG) la que alertó a los concejales sobre las irregularidades que se viven en la institución ubicada en la calle Maipú.

Luego de citarse la Ley Provincial III Nº 21 de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y la Familia; la Ley Nacional Nº 26.061; la Ordenanza Municipal N°8454/09 y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), los concejales resaltan que el gobierno de Chubut “no solo tiene la obligación de velar por la situación de la Casa del Niño, dependiente del Ministerio de Familia de la provincia, sino que además han sido notificados de su grave situación”.

LO QUE OCURRE AHI ADENTRO

“Condiciones de hacinamiento de niños y niñas en la institución, donde residen 31 niños y niñas, en un espacio con capacidad para albergar hasta 18, afectando la intimidad, la calidad de vida, y el desarrollo psicológico y emocional de los niños/as; falta de cuidados y asistencia correspondiente, ya que la institución cuenta solamente con 11 cuidadores, número insuficiente que redunda en la falta de control y resguardo para la seguridad e integridad de quienes residen en el hogar, lo cual pone en riesgo la seguridad física y emocional” de los menores, fueron citadas en el proyecto.

Allí también se destaca que hay “residencias prolongadas que violan la normativa vigente y derechos de niños/as. En la institución residen 10 niños/as que exceden los 6 meses de institucionalización, sabiendo que la misma debe ser el último recurso y por el menor lapso posible hasta el restablecimiento de la convivencia familiar, conforme a los artículos 9 de la CDN y 39 de la Ley 26.061”.

Además, hay “adolescentes residiendo en la institución, sin ser un espacio preparado ediliciamente ni con recursos humanos aptos para la residencia de mayores de 12 años”, como así también “niños/as de hasta 24 meses en la institución, es decir niños/as lactantes y no deambulantes, para los cuales el espacio y los recursos humanos no están previstos”.

Otros déficits que se le atribuyen a la Casa del Niño tienen que ver con “insuficiencia de equipo técnico profesional capacitado” y “falta de funcionamiento de protocolos institucionales adecuados de ingreso, egreso y planes de trabajo articulados con el órgano de aplicación, que es el Servicio de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia”.

Tampoco se conoce “el estado de salud de cada niño y niña”, existiendo “falta de claridad en planes de trabajo para la restauración de derechos, falta de vinculación con referentes afectivos, desconocimiento de la situación que cursa en expedientes judiciales de cada niño/a”.

El artículo 1 del proyecto solicitar al Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Familia que conduce Florencia Papaiani, “que arbitre los medios necesarios y urgentes para garantizar los derechos de niños y niñas que atraviesan medidas excepcionales en la Casa del Niño de Comodoro Rivadavia”.

Para ello, los concejales consideran imprescindible “readecuar las instalaciones para evitar hacinamiento; incorporar cuidadores; reducir la permanencia de los niños y niñas en la institución; ampliar el equipo técnico-profesional en la institución; e implementar y hacer funcionar protocolos adecuados de ingreso, egreso y planes de trabajo articulados con el Servicio de Protección de Derechos”.

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