"Es inadmisible que no haya fecha de cobro del tercer y cuarto rango"

Así lo consideró el Procurador General, Jorge Miquelarena quien además señaló que el plan de ajuste del Estado que impulsa el Gobierno congelaría vacantes dentro del sistema judicial. "Tenemos 350 empleados, somos un granito de arroz", sostuvo y advirtió que todavía hay cargos que no han sido ocupados.

El procurador general Jorge Miquelarena consideró “absolutamente inadmisible” que frente a la última semana de enero el tercer y cuarto rango salarial no tengan aún una fecha cierta de cobro. “Comparto la preocupación de todo el Poder Judicial porque en esos dos rangos está la mayoría de los trabajadores judiciales”, dijo.

“Así como el año pasado cuando surgió por primera vez el pago escalonado yo decía que había que tener previsibilidad y la gente debía saber cuándo iba a cobrar para acomodar su economía, hoy nos pasa lo contrario”. Consideró que el Poder Ejecutivo “no dice una fecha porque no la sabe, pero no le quita la responsabilidad de tener que decirlo. Tendrá que dar alguna precisión porque de lo contrario genera desconcierto y malestar general”.

En cuanto al congelamiento de salarios, el Procurador recordó que “el Superior Tribunal de Justicia había adherido al congelamiento y ahora hubo marcha atrás. Con todas las dificultades que genera sobre todo en los que tienen salarios más bajos, el Poder Judicial podría haber hecho un esfuerzo y adherir. Pero no significa de ninguna manera y bajo ningún punto de vista que no se siga reclamando previsibilidad”.

En cuanto, al ajuste Miquelarena puso especial atención en el tema de los puestos de trabajo. “es absolutamente inaplicable en el Poder Judicial. Es como congelar vacantes en un hospital: ¿se jubila un médico y dejo de atender una especialidad? Pensar que tendría que esperar que se jubilen tres fiscales para poder nombrar uno es lo mismo que decir “Muchachos, bajemos la persiana, privaticemos la justicia y que cada uno se arregle como pueda”. Es absolutamente impensable”, explicó.

Deslizó que de los 60 mil empleados estatales, unos 1.800 reportan en la Justicia y de esa cifra, 350 están en el MPF. “Somos un granito de arroz, tengo 33 o 34 fiscales y estoy desesperado porque no puedo nombrar las vacantes que tengo, ¿y voy a congelar?”. Hay dos cargos sin ocupar en Trelew y uno en Rawson, Sarmiento y Comodoro Rivadavia.

SIN FONDOS PARA EL GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Por otro lado, Miquelarena reveló que este año el Ministerio Público Fiscal todavía no recibió fondos para gastos de funcionamiento. Se le deben $ 10 millones a los proveedores. “Eso nos genera un sinfín de dificultades y la verdad es que pasamos una situación crítica a punto tal de estar demorando muchas pericias muy importantes”, dijo.

Lo ejemplificó con las valijas compradas a Israel, que contienen equipos de alta tecnología para peritar celulares y computadoras. Hay dos en Rawson y una en Comodoro Rivadavia: “requieren mantenimiento y actualización de licencias de software que cuestan unos 50 mil dólares por valija”.

Este equipamiento “es clave en una causa penal pero los software están desactualizados. Esto genera que ciertos equipos de última generación no los podemos leer o los que podemos leer, en lugar de hacerlo en 24 horas, demora 10 días. Se acumulan pericias y las esperas se hacen más largas; eso genera problemas cuando tenemos tiempos acotados para investigar”.

El procurador pidió a sus peritos informáticos un informe detallado de las condiciones en qué está el área: cantidad de pericias en 2019, en cuántos equipos, cuánto tiempo insumió cada trabajo, tiempos actuales de espera y costo de actualizar. El 12 de febrero los procuradores de todo el país se reúnen en Capital Federal para gestionar fondos ante Nación.

También “se nos rompió el aparato que hace estudios de ADN en Comodoro y por eso ahora de nuevo tenemos que mandar muchísimos al CENPAT en Puerto Madryn”. Hay dos médicas especialistas en la materia del MPF que sin ese recurso no pueden trabajar muestras.

En este escenario, Miquelarena en diálogo con Jornada insistió con que el tema salarial “genera muchísimo malestar por la incertidumbre” y en tal sentido se mostró “bastante de acuerdo” con el comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Además acotó que ni los retiros voluntarios ni jubilaciones anticipadas tendrían un efecto en la Justicia. “Es el peor momento porque se vienen todos los vencimientos, los empleados me preguntan permanentemente y me angustia no poder decirles una fecha de cobro”.

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