Juan Carlos “Pacha” García estaba rebelde de la Justicia Penal. Había sido detenido la semana pasada como sospechoso por un violento robo en el barrio Stella Maris junto a otro individuo identificado como Castro Flores. En la audiencia de control y formalización, pese a que el fiscal Julio Argentino Puentes y la funcionaria Andrea Serer solicitaron la prisión preventiva de ambos, por la gravedad del delito y los peligros de fuga y entorpecimiento en la causa, finalmente el juez Martín Cosmaro los dejó en libertad.
Entonces los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron una revisión de la medida adoptada por el juez natural de la causa. Es que una disposición interna que ha implementado desde ya hace tiempo el jefe de fiscales Juan Carlos Caperochipi junto al procurador general Jorge Miquelarena, busca solicitar la revisión de las decisiones en aquellos casos en los que los magistrados no otorguen las medidas de resguardo de la investigación y las prisiones preventivas solicitadas por la Fiscalía, agotando las instancias que prevé el Código.
De ese modo, se solicitó que se revocara la decisión del juez natural de la causa –Cosmaro- y el tribunal colegiado compuesto por los jueces Mariel Suárez y Miguel Caviglia dictaron tres meses de prisión preventiva para los imputados. Sin embargo, en esa oportunidad solo compareció ante los estrados Castro Flores.
Para Castro Flores el tribunal entendió que la resolución del juez natural era arbitraria y contradictoria y le dictó tres meses de prisión preventiva. Mientras que como García estaba ausente se le dictó una orden de captura por rebeldía. Los días pasaron y fue sorprendido por personal policial de la Seccional Segunda. Según informó la Justicia, fue aprehendido cuando intentaba abrir un vehículo en Malvinas Norte al 700 del barrio Jorge Newbery, por lo que quedó detenido.
Al ser llevado ante la Justicia, la Fiscalía volvió a plantear que existen elementos de convicción suficientes para sostener la coautoría de García en el robo del Stella Maris. Según el relato fiscal, García y Castro Flores entraron al hogar de la víctima, ubicado en la parte de la playa, detrás del supermercado La Prooveduría de la avenida Yrigoyen, se alzaron con varios elementos e hirieron en los pies al habitante de la casa con un arma blanca.
Personal policial se dirigió al lugar y encontró a García y Castro cuando salían de la vivienda. Fueron detenidos en el lugar, se les secuestró un arma blanca y elementos propiedad de la víctima.
También la funcionaria fiscal se refirió a la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Recordó que el delito se calificó provisoriamente como “robo doblemente agravado en poblado y en banda y por la utilización de un arma blanca”, que prevé una pena mínima de 5 años de prisión. Serer solicitó así la prisión preventiva de García.
ANTECEDENTE DE HOMICIDIO
El imputado ya fue condenado por un homicidio en agresión el 15 de septiembre de 2014. Fue por el asesinato ocurrido el 1 de diciembre de 2013, cuando mayó a puñaladas al albañil Segundo Florentino Burgos.
En medio de ese proceso, García incumplió el arresto domiciliario en dos oportunidades. En la segunda de ellas concurrió a una whiskería donde apuñaló a otro hombre. Se le unificaron las causas, y fue condenado a tres años de prisión efectiva, por lo que si es encontrado nuevamente culpable, García deberá cumplir prisión efectiva.
De esa manera, la funcionaria fiscal solicitó que se dicte la prisión preventiva de García por el término de 3 meses, en los mismos términos que se le dictó a Castro Flores coautor del hecho, y que se revoque la decisión del juez Cosmaro de liberarlo.
En contraposición la defensa ejercida por Ricardo Amado Coelho entendió que no existe peligro de fuga, ni de entorpecimiento. Solicitó que se efectúe la rueda de reconocimiento de personas y se ordene su traslado a un lugar de atención médica para tratar sus quemaduras.
Finalmente los jueces revisores resolvieron declarar legal la detención, considerando que la decisión del juez Cosmaro fue arbitraria, ilógica y no fundada en relación al dictado de la prisión preventiva de García. Entendiendo que la fiscalía había traído a la audiencia elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del delito que se le imputa.
También los jueces que revisaron el caso, consideraron la existencia del peligro de fuga por el mínimo de la pena establecido para el delito investigado de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. Revocaron parcialmente así la decisión del juez natural y dictaron la prisión preventiva de García por el plazo de tres meses.