Familia de Santiago Blanco denunció ante el Consejo de la Magistratura a dos jueces

Cristina Blanco y su cuñada Alejandra Ivanoff presentaron ante el Consejo de la Magistratura un escrito donde denuncian lo actuado y sentenciado por los jueces Gladys Olavarría y Jorge Odorisio en relación al homicidio de Santiago Blanco. En el juicio de primera instancia los magistrados condenaron a dos de los tres acusados, y el caso espera ser analizado por el Superior Tribunal de Justicia.
Tal como lo adelantó Cristina Blanco a El Patagónico luego de conocerse el fallo de la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia -que confirmó la pena contra Lucas Avila Maya-, su familia presentó el viernes una denuncia por mal desempeño contra los jueces penales Gladys Olavarría y Jorge Odorisio.
Estos actuaron en el juicio de primera instancia por el asesinato de su hermano, Santiago Blanco, ocurrido el 5 agosto de 2014 durante un robo en la vivienda familiar del barrio Pueyrredón. En el interior de la casa Santiago recibió un disparo que terminó con su vida y sus padres fueron golpeados y heridos de bala.
En el fallo, el tribunal integrado por los mencionados magistrados y por Mariano Nicosia condenaron a Lucas Avila Maya por el delito de homicidio en ocasión de robo (y la Cámara Penal recientemente confirmó la pena de 17 años de prisión efectiva). Mientras, Gustavo Martínez recibió en esa primera instancia una pena de 4 años y 6 meses de prisión como partícipe de robo, y su prima Mariela Martínez fue absuelta.
Hay que tener en cuenta que el fallo de la Cámara Penal abrió un abanico de posibilidades para que se reviertan las situaciones procesales de Gustavo Martínez y su prima debido a que consideró que el caso fue planeado, estudiado y existió una logística para cometerlo. Por esa razón, la familia Blanco como la fiscal del caso, Camila Banfi, buscan revertir el fallo y que el primero de ellos reciba una pena más severa y que en el caso de la mujer también sea condenada.
La causa ya tiene un recurso extraordinario de la Fiscalía ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia por la situación procesal de los primos Martínez. La fiscal busca que Gustavo Martínez sea condenado a 25 años de cárcel por homicidio en ocasión de robo, y que Mariela Martínez sea hallada culpable como partícipe necesaria del mismo delito.

LA DENUNCIA
Cristina Blanco y su cuñada plantearon en un primer punto del escrito las objeciones a lo actuado con relación a Gustavo Martínez y Lucas Avila Maya. Sostiene que entraron juntos y armados a la casa de su padre y resulta incomprensible “¿por qué Gladys Olavarría y Jorge Odorisio colocan a Gustavo Martínez en una situación de menor responsabilidad ante el mismo hecho cometido?”.
Graficaron que días antes del crimen, Gustavo Martínez publicó fotos de él en la red social Facebook con el arma utilizada como evidencia de su participación. También “se pretende ignorar que Gustavo Martínez y Avila Maya propinaron patadas y golpes a mis padres".
En cuanto a las objeciones contra Mariela Martínez exponen que una testigo vio a la acusada manejar la camioneta VW Caddy en la que se movilizó la banda, y otra recibió un llamado de la sospechosa contándole lo sucedido. El arma utilizada fue secuestrada del bolso de Mariela Martínez cuando se fugaba junto a Avila Maya.
Las llamadas telefónicas entre los integrantes de la banda comprometen a Mariela Martínez cuando indica a sus cómplices: “déjenlos bien ataditos que tienen una sola salida”, denuncian los Blanco.
En opinión de la familia víctima, Mariela Martínez fue “es una pieza fundamental en el armado de lo actuado”.
El documento argumenta que el juez Nicosia y el juez de la Cámara Penal coinciden en que existió un plan previo para cometer el ilícito. "¿Por qué entonces los jueces Gladys Olavarría y Jorge Odorisio no lo contemplan?", interrogan.
Ante la disconformidad del caso, Cristina Blanco reflexionó: “mis hermanos y yo somos nacidos y criados en esta provincia, heredamos y mantenemos la industria que sostiene el ingreso de 50 familias. Necesitamos confiar en el sistema judicial, queremos un sistema judicial que coloque a las víctimas en primer lugar, queremos creer que Chubut construye un sistema judicial que atrae inversiones y gente de trabajo y desalienta el ingreso de delincuentes (recordemos que en este caso ninguno de ellos es de Chubut)”, sostiene.

Fuente:

Notas Relacionadas

Las Más Leídas del Patagónico