Familiares de Brian Gómez marcharán hoy por el Centro en reclamo de justicia

Los familiares de Brian Gómez, el joven que fue golpeado en la cabeza el 15 de septiembre de 2018 a la salida de un pub céntrico y murió ocho días después, marcharán hoy a las 13 desde la plaza de la Escuela 83 en pedido de justicia. La manifestación se realizará en protesta porque que el 11 de febrero se suspendió la audiencia preliminar a juicio por pedido del defensor de Luis Hernández, el policía de la Seccional Primera que está imputado por "homicidio agravado por la comisión por parte de personal policial en abuso de sus funciones" en calidad de "autor", con una pretensión punitiva de prisión perpetua. La audiencia fue reprogramada para el 27 de marzo.

El caso de Brian Gómez recuerda por sus características a lo ocurrido este verano en Villa Gesell con Fernández Báez Sosa, el joven asesinado por una patota de rugbiers. Esa madrugada del 15 de septiembre de 2018 en Comodoro Rivadavia, hubo un entredicho dentro de un local bailable, la expulsión del lugar, jóvenes arengando los ánimos exaltados, una pelea afuera del boliche y el triste final con uno de ellos tirado, agonizando en una vereda. Pero lo más grave de este caso, para la fiscalía y la querella –la parte que representa a la familia de la víctima- es que el responsable penal de esa muerte es uno de los policías que tenía que brindar seguridad.

Verónica Abraham, la madre de Brian, dice que todavía mantiene esperanzas en la justicia, a un año y cinco meses de su muerte. “Si bien la causa tiene sus procesos y sus tiempos, pero como mamá se siente que a uno le falta hacer algo más. Que tiene que hacer algo más, la impotencia que los procesos sean tan lentos te lleva a hacer esto”, afirmó Verónica.

La marcha la organizaron el hermano de Brian, su cuñada y sus amigos. La manifestación surgió a partir de que el 11 de febrero se suspendió la audiencia preliminar a juicio, por pedido del defensor particular del policía de la Seccional Primera, Luis Hernández, el único imputado en la causa. El abogado Daniel Fuentes solicitó que se postergara la audiencia –en la que se definirá si la causa es elevada a juicio- debido a que tenía otros debates en esa fecha, por lo que la misma fue reprogramada para el 27 de marzo.

“Mis hijos me dan las fuerzas para llevar a cabo este tipo de manifestaciones. Los días son muy difíciles desde el 15 de septiembre. Los días nuestros no son iguales. Mi vida no es igual. Lo dejo en manos de quienes se supone saben, pero no voy a negarte que sí dudé mucho, tenía mucho miedo, por ahí tengo dudas, pero hablo con quien está a cargo de esto para estar tranquila”, reveló Verónica.

“Lo único que quiero es que mi hijo pueda descansar en paz. Que yo pueda sacarme el terrible peso que llevo y que se haga justicia y poder llevar el duelo de otra manera”, ruega. “Creo que eso me lo deben. Sé que hay gente responsable de que mi vida haya cambiado y hay otra que es responsable de darme lo que busco, que es justicia”, plantea Verónica, que día a día salva vidas con su trabajo, activando el sistema de emergencias del 107 detrás de un teléfono.

La marcha de hoy, “la hacemos para pedir justicia, no solo por Brian si no por todas las víctimas de la violencia policial. No tienen que seguir pasando estas cosas. No puede ser que la policía, que nos tiene que cuidar sean siempre noticia porque son los que agreden, los que abusan de su poder, los que nos matan” añadió, mientras tanto, la cuñada de Brian.

GOLPE DE TONFA

El caso judicial ocurrió el 15 de septiembre de 2018, alrededor de las 4:50, cuando Brian Gómez y M.P., quienes habían protagonizado una discusión dentro de un pub centrico, fueron expulsados de ese comercio. Dicho local contaba con dos personas de seguridad privada en su interior mientras en su puerta de ingreso tenía la presencia de dos efectivos policiales como seguridad adicional. Uno de ellos era Luis Ángel Hernández.

Según el relato presentado por la fiscalía, una vez afuera del local, ya expulsados, M. P. acompañado de su novia, su hermano y tres personas más, se dirigieron por la calle San Martín hasta el lugar donde se encuentra el comercio Galatea Modas en donde Brian Gómez le pegó un golpe de puño a uno de ellos.

Luego se produjo un forcejeo entre Gómez y M. P., en el hall de dicho local. Ambos cayeron sobre la vidriera provocando la activación de la alarma de seguridad del comercio. Al lugar llegaron dos testigos y los dos policías de seguridad adicional del “Draw Pool Pub”, por las dos personas de seguridad privada de dicho local comercial.

De acuerdo a la imputación de la fiscalía, el suboficial Hernández, mediante la utilización de un bastón tipo tonfa y sin mediar voz de alto, “le asestó un golpe en la cabeza a Brian Gómez en la zona tempo parietal derecha, ello con un excesivo abuso de sus funciones y con pleno dominio y control de la fuerza, en razón de portar el bastón antes mencionado sin la capacitación y acreditación policial necesaria para ello”.

A raíz del golpe dado, según la acusación, Gómez perdió la conciencia y cayó al suelo sin volver a reaccionar. A continuación de manera inmediata Hernández y el otro policía de adicional se retiraron mientras la víctima quedó tendida en el suelo. Trascartón, al lugar arribó un móvil policial de la Seccional Primera y a continuación la ambulancia del Hospital Regional.

Gómez fue trasladado al Hospital Regional, ya que sufrió un traumatismo derivado en un hematoma subdural derecho y hemorragia subaracnoidea, que requirió tratamiento neuroquirúrgico de urgencia, lo cual produjo una hipertensión endocraneana refractaria por trauma encéfalo craneal grave. Falleció ocho días después de la agresión, el 23 de septiembre de 2018.

Aunque inicialmente se imputó a los dos policías que esa noche realizaban servicio adicional, el compañero de Hernández quedó sobreseído debido a que ninguno de los testigos lo reconoció.

El 15 de noviembre de 2019 el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general, Cecilia Codina y la funcionaria de fiscalía, Eve Ponce, presentó la acusación pública del caso, la cual se debatirá, junto a la prueba testimonial y documental ofrecida en la audiencia preliminar reprogramada para el 27 de marzo.

La calificación legal que consta en la acusación es la de “homicidio agravado por la comisión por parte de personal policial en abuso de sus funciones”, en calidad de “autor” para Hernández (artículo 80 inciso 9° del Código Penal), la cual conlleva una pretensión punitiva de “prisión perpetua”.

La querella, representada por Lucía Pettinari y Luciana Risso, abogadas de la Defensa Pública, en representación de la madre y la hermana de la víctima, adhirió a la acusación fiscal tanto en el delito imputado, como en su calificación legal y su pretensión punitiva.

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