El oficial de la Policía de Santa Cruz, de 39 años, circulaba desde Caleta Olivia en dirección a Cañadón Seco conduciendo su motocicleta para cubrir un servicio adicional en una empresa privada cuando fue embestido violentamente desde atrás por un Volkswagen Polo que Ezequiel Alonso.
Sus restos fueron despedidos con todos los honores y posteriormente sus familiares iniciaron acciones legales contra e responsable del trágico suceso y este lunes se concentraron en la plazoleta del Gorosito para exigir justicia,
Denunciando públicamente no solo que la causa sigue paralizada en el Juzgado de Instrucción a cargo del dr. Marcos Pérez Soruco, sino que además el imputado goza de beneficios que se le otorgaron.
En la plazoleta, con pancartas y fotografías del subcomisario, se encontraba quien fuera su esposa, Gabriela Guzmán; la hermana Lorena Trujillo y el padre, Julio Trujillo (quien arribó desde la localidad de Piedra Buena), además de varios policías que fueran sus camaradas.
En diálogo con medios periodísticos, el padre reiteró que quedó probado que el responsable de la muerte de su hijo manejaba bajo los efectos del alcohol y que actualmente se encuentra en libertad.
Además, cuestionó los beneficios y permisos otorgados a Alonso ya que incluso se lo autorizó a viajar a Comodoro Rivadavia, y actualmente estaría trabajando.
“No hay respeto hacia la memoria de mi hijo”, manifestó Julio, indicando además que a Alonso se le otorgan autorizaciones para desplazarse bajo el argumento que “está implicado solo en una causa sobre lesiones por accidente de tránsito, mientras que la causa principal continúa bajo la figura de homicidio culposo agravado”.
De allí que, sostuvo, “lamentablemente la ley ampara más al victimario que a las víctimas” y por ello la familia reclama que se aplique la pena máxima y que se modifique la legislación para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Julio también pidió ser escuchado por el juez y la fiscalía para conocer bajo qué normativa se concedieron los permisos, pidiendo que el juez y la fiscalía nos escuchen para que nos expliquen bajo qué leyes le otorgan estos permisos”.