La investigación de la red de corrupción de menores surgió hace un año aproximadamente a partir de una denuncia que estas mismas menores hicieron en el Juzgado Federal de Viedma, localidad de Río Negro, a cargo de Mirta Filipuzzi de Ciancaglini sin que trascendiera el más mínimo detalle.
Hasta el ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo, confirmaba en medios radiales que el propio gobernador estaba al tanto de la situación, pero el hermetismo se mantuvo.
Luego las víctimas repitieron la denuncia en el Juzgado de Familia de la Justicia rionegrina, a cargo de la jueza María Laura Dumpeé quien luego de varias Cámaras Gesell da intervención al Ministerio Público.
Como Minuto Neuquén informó ayer, el fiscal Juan Pedro Puntel hizo notificar de la condición de imputados al juez penal Juan Bernardi, a un empleado particular del juez y además de a otros ciudadanos. La causa ahora en manos del juez penal Favio Igoldi.
Lo cierto del caso es que estas menores se escapaban siempre en los mismos horarios de los Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes (CAINA) donde estaban alojadas, y luego se confirmó que eran pasadas a buscar en una camioneta. Considerando la denuncia y atando cabos pudieron descubrir que esto ocurría así porque había sido previamente concertado.
A cambio de dinero, las menores estaban siendo explotadas: la red de corrupción de menores existe. Los abusadores formarían parte del entorno de quien manejaba esta información por tener fácil acceso al expediente judicial de la situación de las niñas.
Entre los imputados también hay un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que fue separado en forma inmediata de su cargo.
El caso tiene jurisprudencia en el fuero federal una causa por "trata de personas” que involucraría a estas mismas personas.