Esas declaraciones no hicieron más que endurecer el conflicto desatado inmediatamente después del receso invernal ya que, con el aval de las catorce filiales, el Congreso Provincial del principal gremio docente no solo se mantuvo firme en su postura y calificó de “imparcial” a la cartera laboral. sino que además anunció otra medida de fuerza para los días miércoles 10 y jueves 11 de agosto, con movilizaciones.
En el documento emitido el viernes, ADOSAC, manifiesta su enérgico repudio a las declaraciones del ministro, señalando que las mismas configuran una amenaza contra la integridad política y económica de la organización sindical.
Paralelamente exige “que ningún docente de la provincia viva por debajo de la línea de la pobreza y para ello demandamos un salario inicial de 120 mil pesos para el cargo testigo retroactivo al mes de julio, con cláusula de indexación de acuerdo a los índices inflacionarios que experimente el país”.
Asimismo, denunció “aprietes y hostigamientos” por parte de las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) para con los docentes que realizan medidas de fuerza.
En otro pasaje del documento manifiesta otra exigencia, cuale s la de “mayores inversiones en infraestructura escolar y que se transparenten los gastos asumidos en tareas de mantenimiento y refacción edilicia, ya que las cifras y obras publicitadas por el CPE no concuerdan con el estado actual de las Instituciones”
Más adelante expresa su rechazo a la reforma laboral ya que la misma “implica la puesta en práctica de la jornada extendida, política tomada por parte del CPE sin previsibilidad alguna, ni participación real del colectivo docente en el debate por su implementación, todo esto llevado adelante en un contexto de vaciamiento pedagógico”.