La Fiscal María Bottini y la funcionaria Cecilia Bagnato expusieron en audiencia los hechos por los que investigan al socio gerente de la empresa constructora Patagonia Vial S.R.L., al ingeniero representante técnico de la empresa y al ex secretario de Obras Públicas municipal, Julio César Descalzo. Es por dos hechos que afectaron a consorcios de vecinos del Barrio Mutrapa (Los Sauces), quienes contrataron la obra de pavimentación de varias calles y recibieron un hormigonado deficiente y con defectos de ejecución.
La defensa de los particulares, a cargo de Daniel Sandoval, cuestionó los elementos para formalizar apertura y la calificación legal y el juez Martín O’Connor los rechazó por entender que la presentación fiscal cumple con los requisitos legales para esta etapa procesal.
El ex funcionario es asistido por la defensa pública a cargo de Paola Bagnato y la Fiscalía cuenta con un plazo de seis meses para completar la investigación, aunque podrá plantear la necesidad fundada de una prórroga.
UN PAVIMENTO DE BAJA CALIDAD
Según la hipótesis fiscal, los empresarios Juliano Simeoni y Dadiel Aníbal Peláez habrían procedido mediante engaño y abuso de confianza, al perjudicar los intereses confiados utilizando un hormigonado deficiente para el pavimento, ya que éste no superó el mínimo de los estándares exigidos de resistencia (H21) y con valores de macro textura inferiores a los establecidos por el Reglamento INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) y CIRSOC 301 (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles).
Asimismo, realizaron la obra con defectos de ejecución que provocaron la disgregación del pavimento, capa de mortero desprendido, superficie rugosa, cavidades de diferente severidad, fisuras, paños de losa inadecuados para un pavimento, haciéndolo deslizante en condiciones húmedas, con el sellado de juntas mal hecho, de formas y dimensiones inadecuadas y desintegración de la superficie.
De este modo, violaron las disposiciones antedichas y las establecidas en la Ordenanza 206/90, de Obras Públicas Municipales, en el marco de la cual se realizaron los contratos de obra. Ello ocasionó el consiguiente perjuicio económico para los vecinos frentistas que solventaron el valor de la obra en un 80 por ciento. La misma asciende a un valor aproximado de $ 41.884.789, 52. En tanto el Municipio local, abonó el 20 por ciento de ella, conforme lo establecido en la modalidad de consorcio de vecinos. El costo estimado de reparación implica la suma de $13.147.300,01 aproximadamente, más ajustes por inflación.
Por su parte, el ex secretario Descalzo habría omitido ilegalmente, tal era su deber, el cumplimiento de la manda de los arts. 53, 54 y 65 de la Ordenanza de Obras Municipales 206/90, y las disposiciones del Reglamento INPRES y CIRSOC 301 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, vigente para las Obras Públicas Municipales.
El funcionario debía certificar, en la recepción provisoria, el ajuste de la obra a los pliegos de bases y condiciones y previo a la recepción definitiva, efectuar los ensayos de rigor para verificar la calidad del pavimento y así determinar los defectos en la elaboración de la composición, como de su ejecución, disponiéndose inclusive desde el Municipio en base a su gestión, la devolución a la Empresa Patagonia Vial del fondo de reparo por la suma de $ 39.326,99, que operaba como fondo de garantía de dicha obra.
Como consecuencia del hormigón deficiente y los defectos en la ejecución de obra, tanto el Municipio como los vecinos frentistas que abonaron la obra de pavimentación, sufrieron perjuicio patrimonial. El costo aproximado de reparación es de $ 13.147.000,01, más ajustes por inflación. Con su accionar formó parte de la defraudación, ya que sin su firma en la recepción definitiva no se hubiera podido perfeccionar la defraudación tanto al Municipio como a los vecinos.
LOS CARGOS
En relación a estos hechos, la Fiscalía calificó provisoriamente las conductas como constitutivas de los delitos de administración fraudulenta y fraude en perjuicio de la administración pública, respecto de los dos particulares, y administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración pública y omisión de los deberes del oficio, respecto del entonces funcionario público.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el actual secretario de Obras Públicas municipal, quien advirtió las irregularidades en la obra luego de recibir reclamos de los vecinos afectados.
La Fiscalía solicitó diversas medidas probatorias para corroborar los hechos denunciados, tales como informes técnicos, pericias contables, declaraciones testimoniales y documentación respaldatoria.
Los imputados se abstuvieron de declarar en la audiencia y quedaron sujetos a las medidas cautelares impuestas por el juez, entre las que se encuentran la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer ante el Ministerio Público Fiscal cada 15 días.