El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, confirmó que se iniciará una investigación exhaustiva tras el fallecimiento de Ángel, el niño de 4 años que murió en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia luego de ser dejado allí por su madre, Mariela Altamirano, quien tenía su custodia luego de que la Justicia de Familia así lo decidiera.
El objetivo de los investigadores, ahora, es el de establecer si existieron omisiones o negligencias graves por parte de los organismos responsables de garantizar la protección del menor. En ese marco, se analizará la intervención de todos los actores involucrados en su historial, incluyendo personal del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de Derechos y Garantías de la Niñez, que viene siendo duramente cuestionada desde hace años.
Miquelarena señaló que la investigación no se limitará a eventuales responsables directos, sino que abarcará “toda la línea de responsabilidades” con el fin de detectar posibles fallas estructurales en el sistema.
En declaraciones radiales, el procurador indicó que ya se realizaron medidas iniciales en la causa. “Se secuestraron elementos importantes en la vivienda, como teléfonos celulares, para resguardar la prueba. Tanto la madre como su pareja están localizados; se retiraron del lugar por temor a represalias”, explicó.
Respecto a los próximos pasos, pidió cautela y destacó la importancia de los tiempos procesales. “Hay que notificar al juez de garantías, informar a la defensa y avanzar con las pericias. Lo urgente ahora es contar con el resultado de la autopsia o un informe preliminar que permita determinar si hubo delito”, sostuvo.
Asimismo, advirtió que, en caso de confirmarse un homicidio, las consecuencias penales podrían ser severas. “Estamos hablando potencialmente de una pena de prisión perpetua. No se va a permitir que nadie eluda la acción de la Justicia”, afirmó.
El procurador también anticipó que se evaluarán posibles responsabilidades de otros organismos, como el fuero de Familia, el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el servicio de la Defensa Pública, tanto en el plano judicial como administrativo.
La investigación buscará esclarecer si el desenlace pudo haberse evitado mediante una intervención estatal oportuna y eficaz. En ese sentido, Miquelarena remarcó una postura de “tolerancia cero” frente a eventuales irregularidades en un caso que generó fuerte repercusión a nivel local y nacional.