Jones Huala: definen si las tareas de inteligencias son válidas como prueba

Se trata de seguimientos, escuchas telefónicas y de los testimonios de los agentes de inteligencia que investigaron al activista mapuche Facundo Jones Huala a partir de 2008.

Tras el paso de unos 20 testigos, entre víctimas y expolicías, durante el juicio oral contra Facundo Jones Huala por un ataque incendiario perpetrado en 2013 al fundo Pisu Pisué en la región de Los Ríos, la fiscalía se reserva para las jornadas finales un conjunto de indicios que anticipan la parte más polémica del proceso.

Se trata de seguimientos, escuchas telefónicas y de los testimonios de los agentes de inteligencia que investigaron al activista mapuche a partir de 2008, amparados en la Ley de Seguridad Interior del Estado chileno.

Los jueces del Tribunal Penal Oral de esta ciudad turística y agrícola-ganadera deberán resolver si toman en cuenta o descartan de plano ese material probatorio para emitir un veredicto. En ese punto medular parecería cifrarse la suerte del lonco.

La legislación trasandina le permite a la Policía —previa orden judicial emanada de una Corte de Apelaciones— investigar preventivamente a personas en situaciones excepcionales como son los presuntos actos de terrorismo o hechos graves que afecten a la seguridad interior del país. Aquí la violencia rural indígena entra dentro de esa amplia categoría. En todos los casos esas investigaciones están dirigidas por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), son reservadas y secretas y, según prevé la norma, pueden ser utilizadas como pruebas en un proceso criminal siempre que el Ministerio Público Fiscal las requiera y que la ANI autorice su divulgación parcial o total. Aunque en la mayoría de los casos se llega a conocer sólo una porción de esas investigaciones.

A ese cúmulo de polémica información acudirá el fiscal Sergio Fuentes Paredes para intentar probar que el lonco lideró el ataque contra aquel fundo en un contexto de reivindicación territorial delictual y de expansión del conflicto indígena desde la “zona roja”, el área de Temuco, a la región de Los Ríos.

IMPUGNACION

Por su parte, el defensor de Huala, Pablo Ortega, adelantó que impugnará toda esa prueba. “A nuestro entender aquí se aplica la doctrina del fruto del árbol envenenado”. “La ilicitud de toda esa prueba obtenida por la Agencia Nacional de Inteligencia mancha todo el proceso de raíz, incluso la misma extradición de Jones Huala ya que el pedido de extradición se basó en ella. Se trata de pesquisas violatorias del debido proceso con supuestas conclusiones sin control de las partes que realizó la policía política, que es la fuerza que se rige no por normas del Código Procesal Penal y de la Constitución, sino por normas de inteligencia que permiten realizar actividades claramente violatorias de los derechos de los ciudadanos. A nosotros como defensores nos asiste la razón jurídica: ya se ha debatido en los dos juicios anteriores este mismo punto y los jueces siempre descartaron esa prueba justamente porque no cumple con los requisitos legales del debido proceso”.

“De todas maneras—continuó Ortega—, ese no es el núcleo central de nuestra defensa ya que creemos que no hay nada en este juicio que vincule de manera directa a Francisco Facundo Jones Huala con los hechos que aquí se le imputan. Ningún testigo lo ha señalado. ¿Qué Tribunal puede condenar a una persona sólo por un conjunto de indicios, cuyo origen, además, es violatorio de las garantías más elementales?”.

Se espera que el martes o a más tardar el miércoles el Tribunal emita su veredicto sobre la inocencia o culpabilidad de Huala. Los jueces cuentan luego con hasta cinco días hábiles para dar a conocer la fundamentación del fallo, que se espera leerán la próxima semana.

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