Hace pocos meses, en gobernador lo separó de la cartera ministerial luego que la vivienda que ocupaba en Río Gallegos fuera allanada por la policía luego de un incidente callejero protagonizado por varios individuos que se refugiaron en ese lugar y se hallaran armas de fuego
Ahora enfrenta acusaciones de estafa y falsificación ya que la empresa Secar Security lo denunció por quedarse con una suma millonaria de los aportes sindicales de sus empleados.
El caso también involucra a otros miembros de comisión directiva del gremio que incluye Ariel Farías, concejal de Caleta Olivia.
En torno a este nuevo escándalo el diario Tiempo Sur señaló que en el marco del proceso electoral de la Unión del Personal de Seguridad de Argentina (UPSRA), se conoció que Julio Gutiérrez, candidato a secretario general del gremio, está procesado por los delitos de estafa y falsificación, en una causa que tramita el Juzgado Federal de San Martín (Buenos Aires).
Gutiérrez, quien previamente lideró el sindicato patagónico de vigiladores, UPSAP, y fundó dicho gremio tras su expulsión de UPSRA, es señalado por la empresa Secar Security (antes conocida como Securitas).
Según la denuncia, habría apropiado fraudulentamente más de $720 millones, correspondientes a aportes sindicales de 234 empleados entre 2018 y 2022.
La denuncia también alcanza a la comisión directiva de UPSAP, cuyos integrantes, al igual que Gutiérrez, están acusados de haber presentado documentación falsa para engañar a la justicia. Según los documentos judiciales, habrían creado un certificado de deuda falso para justificar el embargo de las cuentas bancarias de Secar, sustituyendo listados originales por documentos que incluían trabajadores ajenos a la empresa.
El conflicto estalló cuando Gutiérrez reclamó judicialmente los aportes sindicales por un monto de más de $720 millones.
Según Secar, el gremialista presentó pruebas falsas para justificar la demanda, sustituyendo listados de empleados reales por nombres inexistentes o ajenos a la empresa. Este accionar habría llevado a un embargo de las cuentas de la compañía.
Aunque los certificados de deuda emitidos por entidades gremiales tienen presunción de legitimidad, Secar sostiene que la documentación presentada fue manipulada para obtener beneficios económicos ilícitos.