La denuncia judicial que efectuó YPF es por "entorpecimiento de servicios públicos"

La denuncia presentada por YPF, que motivó el despliegue policial en las rutas y que terminó con la detención de los delegados de ATECh, Daniel Murphy y Magali Stoyanoff, se basa en un supuesto “entorpecimiento de servicios públicos”.

El fiscal Norberto Bellver había liberado el 15 de agosto un oficio al jefe de Unidad Regional de Policía, Ricardo Cerda con el “fin de que disponga que personal policial a su cargo se constituya en el lugar de los hechos y constate la existencia de los mismos -interrupción en Ruta Nacional N° 3 intersección con Ruta Nacional N° 26 y Ruta Nacional N° 3 intersección con Ruta Provincial N° 39- y, en caso de continuar interrumpida la libre circulación de vehículos, adopte los recorridos pertinentes para que usando la fuerza pública en la medida de lo necesario y aplicando técnicas de mínima violencia, rehabiliten y garanticen la libre circulación de personas, vehículos y/o bienes por las mencionadas rutas nacionales”.

El fiscal recomendaba “empeño para evitar violencia superflua en resguardo de las personas y de los bienes involucrados, disponiéndose que (previo a cualquier actuación) los funcionarios actuantes procedan a intentar disuadir a las personas en su actitud, señalándose las responsabilidades que pueden caberles e indicándoles que el ejercicio del derecho de petición es susceptible de realizarse sin infracción a la Ley”.

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