El juicio oral y público contra Abel Reyna concluyó ayer con los alegatos de las partes y en ese marco la fiscal general, Camila Banfi, solicitó que el acusado sea declarado penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; cohecho activo 4 hechos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A entender de la fiscal, a lo largo del debate se pudo probar con testigos y documentación pertinente la responsabilidad penal de Reyna en cada uno de los delitos que formaron parte de la acusación y en razón de ello solicitó a la presidente del tribunal unipersonal, Mónica García, que lo condena a una pena de 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
A su turno, el defensor Guillermo Iglesias cuestionó la prueba llevaba a juicio, descalificó a los testigos de la Fiscalía y advirtió una violación del principio de congruencia. En su extensa exposición, además, atribuyó las máximas responsabilidades al expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Ricardo Trovant, y al exgobernador, Martín Buzzi, requiriéndose la absolución de su asistido.
En uno de los tramos de su alegato, el abogado afirmó que no existe posibilidad de aplicar una pena de cumplimiento efectivo en este caso, sobre el que agregó que tuvo tres acusaciones desde que se inició la investigación.
EL ESCANDALO
Según la propia Fiscalía, la investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del IPV, efectuó maniobras ilegales en el plan 81 Viviendas del barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia 2098, esquina Asturias, de esta ciudad.
Para ello, según la parte acusadora, Reyna organizó a un grupo de empleados del IPV integrado por Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se los había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que sí los tenían.
Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 Viviendas del barrio Ciudadela, del listado de preadjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco el sistema de puntajes establecido por resolución.
De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas.
Todos esos pormenores fueron ventilados en el debate y ayer, tras los alegatos, la jueza reconoció que si bien la causa vence el 26 de mayo, por tratarse de un caso complejo con mucho material probatorio para analizar, se tomará los días que le otorga el Código Procesal Penal para resolver al respecto y convocó a las partes para el jueves 11 a las 13.
En esa oportunidad -y en el caso de dictarse una condena para Reyna-, la misma deberá obtener el doble conforme antes del 26 de mayo, fecha en la que se cumplirán los 3 años desde que se realizó la apertura de la investigación y para entonces se debería conocer la sentencia de segunda instancia porque de lo contrario operará el vencimiento del plazo razonable.