La Justicia ordenó secuestrar los colectivos de Maxia

La Municipalidad de Río Gallegos tomó posesión este jueves de la flota de colectivos urbanos de la empresa Maxia SRL. Fue inmediatamente después de que el titular del juzgado civil y comercial de esa ciudad, Marcelo Bersanelli, ordenó el secuestro de las unidades que ahora permanecen en el corralón de la comuna.

Esta situación es desencadenante de un conflicto que estalló a principios de la nueva gestión municipal de Río Gallegos, que encabeza el intendente Pablo Grasso, quien cuestionó el contrato que en 2019 firmó con la empresa Maxia su antecesor, Roberto Giubetich.

Maxia también prestó el servicio público en Caleta Olivia, pero hace pocas semanas llegó un acuerdo para rescindir el contrato con el intendente Fernando Cotillo y a sus empleados (poco más de 50) se les prometió el pago un subsidio mensual con fondos nacionales, hasta tanto comience a operar otra empresa, Urbano SE.

En Río Gallegos, según lo reportó el diario Tiempo Sur, el asesor legal de la comuna, Jorge Cabezas, se apersonó alrededor de las 17 de este jueves en el corralón y explicó a medios periodísticos que la Justicia determinó que el municipio quedaba como depositario de los colectivos (unas veinte unidades) y que a la brevedad el mismo se haría cargo de reestablecer el servicio público que había dejado de prestar Maxia.

Poco más tarde llegó al mismo lugar el intendente Grasso y señaló a los medios: “acá se terminó la especulación” y “vamos a recuperar el servicio para la gente”.

“Fuimos pacientes, la Justicia nos dijo que pongamos los 5 millones para que los colectivos recorran la ciudad y no lo hicieron” sostuvo Grasso y añadió que ahora la comuna se ocupará de brindar el servicio y mantendrá la fuente laboral de choferes y otros empleados.

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