La Legislatura de Chubut aprobó este jueves el acuerdo firmado entre el Gobierno provincial e YPF para resolver el pasivo ambiental derivado de la actividad petrolera en Comodoro Rivadavia y el sur de la provincia. La iniciativa fue sancionada con 18 votos afirmativos, 8 negativos y una ausencia, y contempla un pago de US$ 25 millones.
El proyecto recibió el respaldo de Daniel Casal, Daniel Hollmann, Emanuel Fernández, Fabián Gandon, Karina Elizabeth Otero, Leonardo Browman, Leticia Giordano, Leticia Soledad Magaldi, Luis Emilio Juncos, María Andrea Aguilera, Mariela Alejandra Tamame, Mariela Williams, Paulina Hogalde, Sandra Willatowski, Sergio Daniel González, Sergio Ongarato, Sixto Osvaldo Bermejo y Sonia Cavagnini. En tanto, votaron en contra Andrea Toro, Antonio Marcelo Rubia, Emanuel Coliñir, Gustavo Fita, Juan Aquino, Juan Pais, Norma Arbilla y Vanesa Abril. La diputada Tatiana Goic estuvo ausente.
Durante el tratamiento del proyecto también se ratificó la transferencia de inmuebles, vehículos y terrenos de la empresa al Estado provincial. El texto incorporó restricciones para esos bienes, que durante un plazo mínimo de 20 años no podrán venderse, hipotecarse, cederse ni modificar su destino sin autorización expresa de la Provincia.
Además, la norma establece la creación de un Consejo Consultivo integrado por el gobernador de Chubut y el intendente de Comodoro Rivadavia —o los representantes que designen— junto a miembros de organizaciones de la sociedad civil.
El debate reflejó posturas contrapuestas. Desde el oficialismo, el diputado Daniel Hollmann afirmó que "no estamos regalando nada" y sostuvo que los pasivos serán responsabilidad de PECOM. En la misma línea, Andrea Aguilera señaló que la ley brinda un marco legal para que los bienes tengan como destino a la comunidad.
En la oposición, Vanesa Abril cuestionó el monto acordado y expresó el rechazo de su bloque al valor fijado para la salida de YPF de la cuenca. Juan Pais calificó el convenio como "un leading case de lo que no hay que hacer", mientras que Emanuel Coliñir consideró que el objetivo fue liberar a la empresa de futuras responsabilidades ambientales.
Por su parte, Daniel Casal, del bloque Familia Chubutense, sostuvo que los acuerdos con las nuevas operadoras establecen que deberán hacerse cargo del pasivo ambiental y remarcó la importancia de controlar su cumplimiento. Desde el Frente de Izquierda, Juan Aquino criticó el monto previsto en el convenio y cuestionó la defensa del acuerdo por parte del oficialismo.
Con información de El Extremo Sur