La OEA elogió al gobierno de Piñera luego de las incontables denuncias de violaciones a los DDHH

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dejó en evidencia la doble vara con la que conduce la OEA y desconoció la catarata de denuncias por violaciones a los DD.HH. de diversos organismos internacionales.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, respaldó este jueves la forma en que actuó el gobierno de Sebastián Piñera durante el estallido de la crisis social que se extiende en Chile desde hace casi tres meses y apoyó la teoría del mandatario acerca de una supuesta injerencia extranjera.

Tras reunirse con el presidente Piñera en La Moneda, Almagro manifestó que el Gobierno, "en el marco del Estado de Derecho, de la preservación de la democracia, ha defendido con eficiencia el orden público, al mismo tiempo que tomaba especiales medidas para garantizar los derechos humanos".

De esta manera Almagro, de muy cuestionado rol en el marco del golpe de Estado que depuso el gobierno de Evo Morales en Bolivia, ignoró la catarata de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos formuladas por variadas y prestigiosas organizaciones internacionales que las constataron sobre el territorio.

"Las circunstancias que se debieron enfrentar se enfrentaron de la mejor manera, en el marco del Estado de Derecho, aplicando el derecho y haciendo trabajar a la justicia en lo que debía trabajar, pero también aportando las soluciones políticas que eran necesarias para encaminar el proceso. Nuestro reconocimiento al respecto", puntualizó Almagro.

El titular del organismo internacional también respaldó además la hipótesis sobre una supuesta injerencia extranjera en la crisis. En declaraciones radiales el titular de la OEA aseguró que basta "nada más con hacer un seguimiento de las redes sociales y ver de dónde vienen muchos de los mensajes". Almagro, que busca su reelección al frente de la OEA, demostró así la doble vara con la que maneja ese organismo que se terminó convirtiendo en el factor legitimante de un golpe de Estado en la región.

Ningún peso parecen haber tenido en la OEA las graves denuncias formuladas por Human Right Watch (HRW), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Amnistía Internacional, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cada uno de estos organismos cuestionó el actuar de las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir las jornadas de manifestaciones iniciadas el 18 de octubre pasado.

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Lo más llamativo es que el propio Almagro se valió del informe elaborado por Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) sobre la angustiante situación en Venezuela para condenar al gobierno de Nicolás Maduro, pero eligió ahora ignorar las denuncias formulas por ese mismo organismo en el caso de Chile.

Por caso el informe de Amnistía Internacional denuncia que tanto el Ejército como Carabineros cometieron y cometen ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Y apuntó: "el máximo responsable en la cadena de mando es el Presidente de Chile, Sebastián Piñera".

Según la misión de investigación de Amnistía Internacional en Chile hay evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por expertos. "La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes", denunció Amnistía.

"En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, advirtió Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, al presentar el informe.

Amnistía Internacional advirtió además que "las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión".

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 resultaron heridas, de las cuales más de 1.400 presentan heridas por arma de fuego y 220 con trauma ocular severo. Además, la Fiscalía registró más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos.

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